Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
23 sep 2026
DETRÁS DE LA NOTICIA
(A nuestro hermano periodista Humberto Torres para que Dios Nuestro Señor le bendiga y ayude a recuperar su salud y que todo salga bien en la intervención cardíaca a la que será sometido. Un abrazo a Lupita y a sus hijos)
Ha sido necesaria la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en acuerdo con Trump y en coordinación con el Gobierno de Oaxaca, aunque tras dos meses de la ejecución de Alejandro Leyva la FGR no dé resultados.
Para fortalecer y consolidar la confianza y credibilidad de la ciudadanía oaxaqueña en la nueva fuerza policial “Binnizá” sería altamente positivo que sus 100 elementos se sometan a un examen antidoping.
Importante decisión del gobernador Salomón Jara tras los escándalos internacionales por la ejecución del periodista Alejandro Leyva y del atentado al diseñador presidencial Elvis Guerra, en Juchitán.
Harto de la pública ineptitud y presunta complicidad con la delincuencia Jara Cruz sentenció “quien no dé resultados en materia de seguridad al mes de diciembre, se irá” ¡Más vale tarde que nunca!
Jara presentó la Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá”, que reforzará la seguridad en el estado, con inversión histórica de 1,290 millones de pesos en equipamiento, capacitación y dignificación policial.
Para fortalecer y consolidar la confianza y credibilidad de la ciudadanía oaxaqueña en la nueva fuerza policial “Binnizá” sería altamente positivo que sus 100 elementos se sometan al examen antidoping.
Ha sido necesaria la intervención de la presidenta Sheinbaum en coordinación con el Gobierno de Oaxaca, aunque después de dos meses de la ejecución de Alejandro Leyva la FGR no dé resultados.
No es para menos, en 2027 está en juego el inminente futuro de la conservación del poder en 17 gubernaturas, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y cientos de municipios.
Por la creciente inseguridad y cada vez más brutal violencia los 23 gobiernos de Morena en las 32 entidades federativas de la República Mexicana se encuentran en un callejón aún con salida en la 4T.
Por su presunta complicidad con el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico han sido puestos contra la pared por la política de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Y el tiempo se acaba para combatir no solo al crimen organizado y al narcotráfico, sino fundamentalmente a la narcopolítica y a la narcoeconomía en Oaxaca y en México ¡Ahí viene Trump!
El mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la Asamblea General de la ONU es más que contundente y grave, “México, es el epicentro del terrorismo y del narcotráfico del mundo”.
Después del ultimátum a la presidenta Claudia Sheinbaum lanzado sobre los narcopolíticos que protegen al crimen organizado, la última vez que hablaron, fue muy claro “¡Deténganlos!”, exigió.
Trump se refirió al exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, Américo Villareal de Tamaulipas, Marina del Pilar de Baja California, Alfonso Durazo de Sonora, y Alfredo Ramírez de Michoacán.
A ellos se suman de manera destacada Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su “hermano” Adán Augusto López Hernández. El tema de seguridad es parte del TMEC.
Los narcopolíticos reclamados, empezando por el exgobernador Rocha y el senador Enrique Inzunza, fueron impuestos en la elección de 2021, cuyo control mafioso le entregó Morena al cártel de Sinaloa.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó acusación formal el 29 de abril de 2026 contra 10 políticos y exfuncionarios de Sinaloa por sus nexos con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa.
La lista incluye a figuras como el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra.
Asimismo, se señala a exmandos y elementos de seguridad como Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez "El Cholo", Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito "El Tornado", el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante Juan Valenzuela Millán "Juanito".
Se les imputa facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y respaldo político para la facción de "Los Chapitos". Los implicados han negado las acusaciones y la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ejecutar las detenciones provisionales al estimar que la solicitud estadounidense carecía de fundamentos o pruebas urgentes que justificaran la medida.
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