

Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
18 nov 2026
DETRÁS DE LA NOTICIA
La defensa del árbitro electoral mexicano adquiere dimensión internacional. 893 académicos de México y otros nueve países expresan su respaldo a Lorenzo Córdova Vianello y denuncian una presunta persecución gubernamental.
La autonomía electoral debe protegerse frente a cualquier gobierno, pero también debe garantizarse que ninguna administración del INE quede exenta de rendir cuentas. Esa es la exigencia democrática que no debería tener fronteras.
La defensa de la autonomía electoral trasciende fronteras: 893 académicos de México y otros nueve países respaldan a Lorenzo Córdova. El debate coloca en el centro la independencia de las instituciones, la rendición de cuentas y el riesgo de convertir las diferencias políticas en persecución.

¡Pero qué necesidad! El debate sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) ha cruzado las fronteras de México y adquirido una dimensión internacional que vuelve todavía más delicada la discusión sobre la autonomía de las instituciones y la responsabilidad de quienes las encabezan.
La democracia no pertenece a un partido, a un gobierno ni a una generación de funcionarios. Pertenece a los ciudadanos. Y si el INE necesita ser defendido, también necesita rendir cuentas. Ambas exigencias son perfectamente compatibles.
¡Pero qué necesidad de convertir una discusión que debería resolverse con transparencia, pruebas y justicia en un conflicto político de alcance internacional!

La coyuntura tiene además un elemento que merece atención: el pronunciamiento se produce en medio de la controversia por los señalamientos de corrupción relacionados con la actual conducción del INE y de las acusaciones políticas contra anteriores responsables del organismo.
Un total de 893 personas suscribieron un pronunciamiento en defensa del INE y expresaron su respaldo a Lorenzo Córdova Vianello, al considerar que enfrenta una persecución gubernamental.
Entre los firmantes figuran académicos de numerosas universidades mexicanas, así como de Argentina, Australia, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Perú.

La pluralidad geográfica y académica de quienes respaldan el pronunciamiento coloca el caso en el terreno de la discusión internacional sobre la democracia, la libertad académica, la independencia de los organismos electorales y los límites del poder político.
Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué una controversia relacionada con el árbitro electoral mexicano termina convocando pronunciamientos de académicos de distintos continentes?
La respuesta exige distinguir dos asuntos que no deben confundirse: la defensa de la autonomía institucional y el esclarecimiento de cualquier señalamiento de corrupción.
La autonomía del INE no puede depender de la simpatía o antipatía que despierte su presidente o expresidente. Tampoco puede convertirse en un blindaje para impedir investigaciones, auditorías o responsabilidades administrativas y penales cuando existan elementos que las justifiquen.
De la misma manera, cualquier investigación debe sujetarse estrictamente a la ley, garantizar el debido proceso y evitar que las instituciones de procuración de justicia sean utilizadas como instrumentos de revancha política.
En una democracia, defender al INE no significa otorgar impunidad a sus funcionarios; exigir transparencia tampoco significa justificar la intervención del gobierno en un organismo constitucional autónomo.
El verdadero problema aparece cuando la rendición de cuentas se confunde con persecución y cuando la defensa institucional se utiliza para descalificar cualquier investigación.
Los 893 firmantes han colocado sobre la mesa una discusión que México no puede evadir: la confianza en las instituciones electorales no se construye mediante campañas de respaldo personal ni mediante descalificaciones desde el poder. Se construye con legalidad, transparencia, independencia y resultados verificables.
Los firmantes consideran que no deben confundirse las investigaciones sobre posibles irregularidades con ataques generalizados a la institución. Entre las figuras que aparecen en la lista de adhesiones destacan Roger Bartra, Julia Carabias, José Woldenberg, Leonardo Valdés, Jacqueline Peschard, Ciro Murayama y Javier Laynez.
La autonomía electoral debe protegerse frente a cualquier gobierno, pero también debe garantizarse que ninguna administración del INE quede exenta de rendir cuentas. Esa es la exigencia democrática que no debería tener fronteras.
@efektoaguila

