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¡Seguirán matando periodistas en Oaxaca! Se confirma nuestra advertencia ante ARTÍCULO 19 y la Federación Mexicana de Derechos Humanos Zona Sur

Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR

12 oct 2026

DETRÁS DE LA NOTICIA

 La terca realidad confirmó nuestra voz de alerta. Horas después de nuestro grito de alarma ante ARTÍCULO 19, organismo internacional defensor de la libertad de expresión, fue ejecutado en Pinotepa Nacional el periodista Hammurabi Sinclair Huesca Manzano, director del portal Pinotepa Comunica.

 

A la impune ejecución del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar por la narcopolítica vinculada a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), se suman las amenazas de muerte a Cornelio Merlín Cruz, Ernesto Rojas Ayuzo y Óscar Rodríguez Hernández.

  

¡Seguirán ejecutando periodistas en Oaxaca! Advertimos ante la Maestra Frida Odet Arreola Luna, Coordinadora del Programa de Protección de ARTÍCULO 19 en la Reunión de la Zona Sur de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).

 

La Reunión de las Defensorías de los Derechos Humanos y Comisiones Estatales de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero, fortalece la defensa y difusión de los derechos humanos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos de la Zona Sur.

 


De ninguna manera fue un señalamiento de pitoniso irresponsable ni alarmista, mucho menos amarillista, sino resultado, por el contrario, de la brutal realidad que se enfrenta en el estado de Oaxaca por la creciente escalada de violencia contra los periodistas y comunicadores oaxaqueños.

 

La terca realidad confirmó nuestra voz de alerta. Horas después de nuestro grito de alarma ante ARTÍCULO 19, organismo internacional defensor de la libertad de expresión, fue ejecutado en Pinotepa Nacional el periodista Hammurabi Sinclair Huesca Manzano, director del portal Pinotepa Comunica.

 

A la impune ejecución del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar por la narcopolítica vinculada a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), se suman las amenazas de muerte por sicarios colombianos a Cornelio Merlín Cruz, Ernesto Rojas Ayuzo y Óscar Rodríguez Hernández.

 

Ante la inacción de la Fiscalía General del Estado, el corresponsal del diario Milenio de la Ciudad de México se vio obligado a buscar una entrevista con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy ante las amenazas de muerte por denunciar la corrupción en los Servicios de Salud.

 


Por la presión de los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión Cornelio Merlín Cruz y Ernesto Rojas Ayuzo cuentan con protección de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal y de la Policía Auxiliar, respectivamente.

 

Al hacer un vehemente llamado a la Coordinadora del Programa de Protección de ARTÍCULO 19 a brindar su apoyo y solidaridad a periodistas y comunicadores oaxaqueños, confesamos con humildad que “solos no podemos enfrentar la creciente violencia brutal en nuestra contra”.

 

Demandamos la intervención de los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión para que el mundo libre y democrático voltee los ojos a Oaxaca y a México, convertido en el país más peligroso sin guerra para ejercer el periodismo.

 

En la Conferencia Magistral “La Libre Expresión como Eje Transversal de la Democracia”, la Maestra Frida Odet Arreola Luna, Coordinadora del Programa de Protección de Artículo 19, diseccionó el diagnóstico mortal de la violencia contra los periodistas y comunicadores mexicanos en general.

 

Cada 19 horas ocurre una agresión a la prensa. En 2025 se documentaron 451 agresiones contra periodistas; 171 periodistas fueron asesinados entre 2024 y 2025. El Estado es el principal agresor de la prensa. La Federación con 54.6 por ciento, Estados con 28.6 por ciento y Municipios 16.7%.

 

Sin importar el partido político en el poder PRI, PAN o Morena, la censura y la violencia se mantienen. Entre 2024 y 2025 las cifras no disminuyeron en la Ciudad de México, Puebla y Veracruz, estados que ocupan los deshonrosos primeros lugares a nivel nacional en atentados a la prensa.

 

En Mexico se pasa de un discurso estigmatizante a utilizar la violencia para silenciar. Las Fiscalías especializadas para investigar delitos contra la libertad de expresión tienen un trabajo casi nulo. El denominador común: impunidad estructural, sin investigar la labor periodística como línea principal.

 

Ocho nuevas leyes destacan la censura, acotaciones en telecomunicaciones (periodistas comunitarios perseguidos, desaparecidos, torturados o asesinados), apología del delito, código fiscal art. 30 B que limita acceso al tiempo real en plataformas digitales, delitos digitales estatales.

 

Predomina el abuso de poder público, ambiente hostil, agresiones digitales y violencia física y graves violaciones a los derechos humanos de periodistas y defensores de derechos humanos. Impera la opacidad y se cierra el acceso a la información pública. Amenazas y estigmatizaciones constantes.

 

A través del acoso judicial se utiliza el aparato legal como arma contra los medios de comunicación y periodistas. Cada semana hay un nuevo proceso iniciado contra la prensa, y los inician políticos o candidatos a cargos públicos, la mayoría se dan a nivel electoral, luego penal, civil y administrativa.

 

Recomendaciones generales que propone la organización no gubernamental Artículo 19: Que se dejen de utilizar las conferencias públicas “mañaneras” de la presidenta y de los gobernadores de Morena en los estados para estigmatizar y satanizar a los medios de comunicación o periodistas.

 

Pensar la violencia digital como de alto riesgo. Investigar con debida diligencia agresiones a periodistas y personas buscadoras. Contar con instituciones independientes encargadas de su protección, con autonomía fortalecida. Establecer controles judiciales a las funciones de vigilancia.

 

Fortalecer funciones de prevención, medidas cautelares, sistematizar información de agresiones, impulsar Recomendaciones con impacto estructural, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, fortalecer fiscalías especializadas, colaboración institucional y de la Sociedad Civil.


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