José Juan Conejo Pichardo
23 jul 2025
Análisis Político
Este fin de semana, la Ciudad de México fue escenario de la segunda marcha contra la gentrificación, una protesta que, lejos de generar conciencia sobre un fenómeno urbano complejo, terminó por empañar su legítima causa mediante actos vandálicos que agredieron el patrimonio cultural y universitario del país. La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada expresaron su rechazo a los daños cometidos en Ciudad Universitaria, particularmente contra el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y una librería del centro cultural.
Aunque Brugada justificó la inacción policial en respeto a la autonomía universitaria, cabe preguntarnos: ¿hasta qué punto puede la autonomía convertirse en sinónimo de impunidad?
La gentrificación: una causa legítima secuestrada por la violencia
El debate sobre la gentrificación es necesario. Esta transformación urbana ha provocado el desplazamiento de comunidades históricas, el encarecimiento de servicios, y la transformación radical de barrios populares. Sin embargo, cuando una causa social se pervierte con violencia, pierde legitimidad y se convierte en una amenaza para la democracia, el orden público y los derechos de terceros.
Quemar, destruir y atacar bienes culturales no es protesta, es delito. Y ese matiz lo establece claramente la ley.
¿Qué dice la ley? La autonomía universitaria no es extraterritorialidad
La autonomía universitaria, establecida en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a las universidades públicas la capacidad de autogobierno, administración presupuestal y libertad de cátedra. Sin embargo, esta autonomía no implica que las universidades sean territorios soberanos al margen de la ley nacional.
El Código Penal de la Ciudad de México, así como la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y la Ley de Seguridad Ciudadana, establecen que la policía puede y debe intervenir en caso de delitos flagrantes, aun en instalaciones autónomas, siempre y cuando se garantice el respeto a los derechos humanos y se justifique la necesidad de la intervención para evitar daños mayores.
Negar esta facultad bajo un argumento de “respeto a la autonomía” es tergiversar el espíritu de la norma y poner en riesgo la seguridad de personas, bienes y del orden público.
El derecho a protestar no es derecho a destruir.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —del cual México es parte— y la propia Constitución mexicana reconocen el derecho a la manifestación pacífica. Pero la protesta se deslegitima cuando se convierte en violencia.
Cuando una marcha daña propiedad pública, agrede a terceros o amenaza a trabajadores y visitantes de un museo, no es activismo: es terrorismo urbano. Y como tal, debe investigarse y sancionarse conforme a derecho, sin excepciones.
El Estado no puede abdicar su obligación de proteger
Permitir que grupos radicales destruyan instalaciones universitarias bajo el manto de la “autonomía” no solo es una omisión, es una renuncia del Estado a ejercer sus deberes constitucionales. La policía no necesita violar autonomía para actuar: puede intervenir cuando hay un delito en flagrancia, como lo establece la jurisprudencia y la práctica internacional.
Atención ONG's, Colectivos Sociales y Activistas ¿defendemos causas o encubrimos crímenes?.
Defender el derecho a la vivienda, oponerse a la gentrificación, exigir justicia social: todo eso es legítimo. Pero defender la violencia, encubrir actos fascistas y disfrazar el vandalismo como lucha social, es una traición a cualquier causa.
Hoy más que nunca, México necesita causas auténticas, liderazgos con ética y un Estado que no se esconda tras tecnicismos para justificar su ausencia. La autonomía universitaria no puede seguir siendo usada como refugio para la violencia.
Por un país con justicia social, sin violencia y sin impunidad disfrazada de protesta.
Es momento de defender causas con dignidad, no con destrucción.
