José Juan Conejo Pichardo
13 may 2025
Análisis
La inminente elección del Poder Judicial programada para el 1 de junio promete ser uno de los episodios más trascendentales y polémicos en la historia política reciente de México. Por primera vez, jueces, magistrados y ministros serían electos por voto popular. El gobierno lo presenta como el cumplimiento de un anhelo que se remonta a 1814: tener juzgadores cercanos al pueblo, libres de la influencia de los poderosos.
Pero detrás de este discurso de justicia social, se esconde una inquietante paradoja: ¿se fortalecerá la democracia o se allanará el camino para el control total de los tres poderes?.
Uno de los puntos más críticos es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, una instancia que, según la académica Karolina Gilas (UNAM), podría vulnerar gravemente la independencia judicial. Los jueces ya no solo interpretarían la ley, sino que podrían actuar bajo presión ante la amenaza de sanciones, con denuncias que podrían provenir desde el Gabinete de Seguridad, dependencias del Ejecutivo o incluso ciudadanos comunes.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que este Tribunal permitirá castigar a jueces corruptos. De hecho, la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero, ya tiene expedientes listos contra jueces y ministros acusados de "conductas ilegales". El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha señalado a 42 jueces responsables de liberar a 164 criminales de alto impacto, lo que equivale al 2.5% del total de juzgadores en el país.
Más allá del discurso institucional, hay nombres e intereses muy claros detrás de esta reforma. La 4T ya tiene a 14 "favoritos" para ocupar puestos clave en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial. Jesús Valencia Guzmán es señalado como el operador político detrás de estas candidaturas “bendecidas”.
Sin embargo, esta elección no está exenta de tensiones internas. Diversas facciones de Morena —las llamadas "tribus"— están en pugna por imponer a sus propios perfiles. Aunque algunos candidatos tienen trayectorias sólidas, otros han sido excluidos arbitrariamente. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha intensificado la promoción ciudadana para legitimar el proceso.
Mientras tanto, el INE desechó la solicitud para cancelar candidaturas de 26 aspirantes señalados como riesgosos, argumentando que la normativa vigente no permite hacerlo una vez aprobada su elegibilidad. Aun así, la preocupación persiste: hay aspirantes impulsados más por operadores electorales que por méritos jurídicos.
El compañero periodista Carlos Marín no escatima en su crítica: califica esta elección como “la peor desgracia de México en 200 años”, una decisión que disfraza autoritarismo de participación ciudadana. Por su parte, Alberto Aguirre advierte que candidatos judiciales han contratado desde estrategas de medios hasta movilizadores de voto, mientras que un grupo selecto ni siquiera necesita campaña: ya tienen asegurado su cargo por decisión de los altos mandos de la 4T.
En respuesta, Ricardo Monreal ha calificado las críticas de “racistas y clasistas”, afirmando que se subestima la capacidad del pueblo para elegir jueces.
Así, México se aproxima a una cita electoral sin precedentes. La pregunta no es solo quién ganará en las urnas, sino si lo hará la democracia o el poder absoluto disfrazado de elección.
