José Juan Conejo Pichardo
11 jun 2025
Análisis Político
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso un toque de queda nocturno de 8 p.m. a 6 a.m., en un radio de una milla cuadrada del centro de la ciudad, tras cinco noches consecutivas de protestas, vandalismo y saqueos, especialmente en zonas como Compton – donde varios comercios resultaron afectados.
El objetivo declarado fue detener el caos: "detener el vandalismo y los saqueos", afirmó Bass. En 5 puntos realizaremos un análisis de este importante tema.
Contexto político y causas profundas
Detonante de las protestas: Redadas recientes de ICE en fábricas, cortes de inmigración y otros espacios motivaron la movilización ciudadana contra detenciones que se interpretan como violaciones al debido proceso, especialmente de personas sin antecedentes penales.
Despliegue federal: El presidente Trump ordenó el despliegue de unos 4 000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles bajo el argumento de proteger edificios federales. El gobernador Gavin Newsom lo denunció como un acto autoritario que pone la democracia “bajo asedio”.
Lucha federal/estatal: Se presentó una demanda contra el gobierno federal, argumentando que la intervención militar carece de base legal, al desplegar tropas sin solicitarlo el estado.
Análisis político
Militarización frente al orden público: El uso de fuerzas armadas en situaciones civiles no se veía desde los 60; jurídicamente se cuestiona con base en leyes que regulan la Guardia Nacional y el Acta de Insurrección.
Estrategia mediática: Trump describió los manifestantes como “animales” y acusó a “agentes extranjeros”, buscando criminalizar el movimiento . Noticias favorables al gobierno amplificaron incidentes aislados para justificar la intervención militar.
División nacional: La situación refleja la batalla sobre el control migratorio, derechos civiles y el límite del poder presidencial. Ha movilizado tanto a defensores de la seguridad como a activistas pro derechos humanos.
Violaciones a derechos humanos y convenios internacionales
Derechos vulnerados:
Debido proceso: Detenciones de personas que acudían a audiencias migratorias violan el principio de presunción de inocencia, establecido por el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Uso excesivo de la fuerza: Denuncias de uso de gas lacrimógeno, balas de goma y arrestos masivos sin aviso previo contradicen el Principio 10 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza.
Protección consular: Se reportó la detención de ciudadanos mexicanos e indonesios sin acceso oportuno a consulados, violando la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 1963.
Obligaciones internacionales de EE. UU.:
Ratificó el PIDCP y la Convención de Viena; por tanto, debe garantizar derechos al debido proceso, trato humano, acceso consular y libertad de expresión y manifestación pacífica.
Migrantes y protocolos vulnerados
Arrestos en cortes migratorias: ICE ha detenido a personas incluso durante sus audiencias judiciales, algo que rompe los protocolos de acceso a la justicia para migrantes y el derecho a comparecencia legal.
Intimidación jurídica: El despliegue militar provoca temor y desalienta que migrantes denuncien abusos, afectando su acceso a recursos legales y protección bajo asilo o DACA.
Cascada de detenciones: Se reportan más de 2 000 detenciones diarias, lo que intensifica la saturación de la red migratoria y complica el control del debido proceso.
Conclusión y llamado urgente
El toque de queda de Bass responde a una problemática real: vandalismo y saqueos tras cinco noches de tensión. Sin embargo, su instauración en un contexto de militarización y redadas migratorias masivas plantea serias preguntas éticas y legales:
¿Protege realmente la seguridad ciudadana o legitima un estado de excepción? ¿Podrá reinstaurarse la normalidad sin violar derechos fundamentales y tratados internacionales? ¿Qué señal no envía al resto del país cuando se militariza una protesta civil?. Es momento de exigir transparencia, respeto a los procesos legales y una revisión urgente de las políticas migratorias, para evitar que un ambiente de miedo y represión se consolide como modelo frente a disidencias legítimas.
