Alfredo Martínez de Aguilar
3 mar 2025
DETRÁS DE LA NOTICIA
A lo largo de la historia la estrategia más eficaz y eficiente para combatir la delincuencia es seguir la huella del dinero y, ahora, “atorar” a “factujuniors” vallistócratas que lavan dinero sucio. La venganza política contra Silvano Aureoles irónicamente se volverá contra la 4T. No debe haber impunidad para Rubén Rocha, Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado, entre otros.
(Como integrante fundador del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores y Secretario de Asuntos Globales de Comunicadores por la Unidad condenamos enérgicamente el asesinato del compañero y hermano periodista de Guanajuato Kristian Zavala. Para que su asesinato no quede impune demandamos la intervención de los organismos nacionales e internacionales defensores de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico @article19org @RSF_esp y @cpj.org)
En el Caldero del Diablo la olla de presión de los innecesarios conflictos políticos, sociales y económicos está por estallar por los numerosos frentes de guerra abiertos al mismo tiempo. Evidencian la pública y notoria ineptitud, la mayúscula soberbia y la escandalosa corrupción en el Gobierno del Estado trasladada por imitación extralógica al Municipio de Oaxaca de Juárez.
La réplica municipal fuera de lugar de la prefabricada crisis laboral estatal se agrava con la extraña y adelantada sequía económica. Los trabajadores denuncian que llevan dos meses sin cobrar. Trabajadores de contrato denuncian adeudos de cuatro quincenas, mientras los salarios de otros funcionarios fueron reducidos. Exigen la salida de Noé Jara, secretario de Gobierno Municipal.
Otro tropiezo es el revés del Tribunal Estatal Electoral (TEEO) al tirar la convocatoria de la elección de agentes municipales por vulnerar el Ayuntamiento el principio de paridad y alternancia. Se hizo realidad el temor a los “factujuniors” por la controvertida integración del Cabildo y del Ayuntamiento. Los trabajadores se hartaron de los abusos como ocurre con los “narcojuniors”.
La declaración de organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos del Presidente Donald Trump repercutirá en los municipios oaxaqueños por el lavado de dinero de los “factujuniors”. Y abundan. Persiste la crisis de salud, ambiental y con los medios de comunicación por la pésima relación con estos, por más que el Gobernador Salomón Jara cambie a su asesor argentino por un uruguayo.
Da por igual un gaucho como René Palacios que el charrúa Federico Irazábal. Su gran soberbia agrava su desconocimiento de los medios de comunicación y de los periodistas locales y de CDMX. La ignorancia de la idiosincrasia de los oaxaqueños y mexicanos hizo fracasar a Palacios. Lo mismo ocurrirá con el teatrista Irazábal. Irónicamente ex empleados del Instituto Reyes Heroles del PRI.
Ya es de suyo grave la situación que representa la inocultable crisis de salud, y ambiental por la imposición de las instalaciones del CIRRSU y por la falta de agua que viene por el estrés hídrico. Por la falta de interlocución con la Sección XXII del SNTE-CNTE y con la CENEO los trabajadores de la educación se movilizan aquí y en la CDMX, mientras los milicianos normalistas se radicalizan.
“Saldremos a las calles con más fuerza”, advierte Sección XXII sobre las protestas contra la Reforma Punitiva y la Ley ISSSTE. La dirigencia analizó la "necesidad urgente" de un nuevo paro de 72 horas. A estos conflictos innecesarios en muchos casos se suma la creciente inseguridad y cada vez más brutal violencia de las bandas del crimen organizado y de los cárteles del narcotráfico en Oaxaca.
En el colmo de la estupidez el gabinete de seguridad intentó fallidamente despedir a 218 elementos de la Policía Estatal. Estorba el Capitán Iván García López. Pudrió su nepotismo la SSPC. A quienes lo duden por ignorancia, ingenuidad o mala leche por complicidad, ahí está la escalada de “ajuste de cuentas” entre “malandros”, pero también de actores políticos y ambientalistas.
Ejecutaron a Cristino Castro Perea “Tino Castro”, de 63 años, integrante del colectivo de defensores ambientalistas de Barra de la Cruz y defensor comunitario en el municipio de Santiago Astata. Su ejecución confirmó, igual que en el caso de varios periodistas el rotundo fracaso del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB.
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