José Juan Conejo Pichardo
22 jul 2026
Derechos Humanos | Análisis
Irapuato, Gto. – En un esfuerzo por romper con un rezago legislativo de casi 60 años, el abogado Ricardo Agustín García Salcedo ha presentado una iniciativa ciudadana ante el Congreso de Guanajuato para reformar el Código Civil estatal. La propuesta busca instaurar la guarda y custodia compartida como un mecanismo para garantizar la corresponsabilidad parental, colocando el bienestar de las infancias por encima de cualquier disputa entre adultos.
La iniciativa surge de una realidad judicial que, según su promotor, ha quedado obsoleta. El actual Código Civil de Guanajuato, vigente desde 1967, no contempla la figura de la guarda y custodia compartida, lo que ha derivado en que los tribunales, por inercia, otorguen la custodia de manera casi automática a la madre. “Cuando nosotros solicitamos la guardia y custodia compartida, nunca se la dan al hombre, nunca”, denuncia García Salcedo, señalando que ni siquiera la acreditación de cursos de parentalidad positiva inclina la balanza para los padres que buscan un rol activo en la crianza.
El interés superior del menor como eje rector
Lejos de ser una lucha de género, el argumento central de la propuesta es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa no busca premiar a los padres, sino garantizar que los hijos e hijas puedan depender y vincularse con ambos progenitores. Para ello, propone un modelo que transita “de una visión de conflicto entre adultos hacia un modelo de corresponsabilidad parental”, que incluya herramientas como la vinculación a psicólogos para blindar la salud mental de los menores y la escucha activa de las infancias en los procesos judiciales.
Un punto nodal de la iniciativa es la actualización del concepto de violencia vicaria. Tradicionalmente asociada a la violencia de género contra las mujeres, García Salcedo argumenta que esta figura también es utilizada en contra de los padres, mediante denuncias que, sin llegar a sentencia, logran separarlos de sus hijos. La propuesta busca que la ley sancione esta práctica de manera concreta, sin importar el género del agresor.
Un modelo replicable para el resto de la República
La iniciativa de Guanajuato no es un caso aislado, sino parte de un movimiento nacional que busca equiparar los derechos parentales. Diversas entidades federativas ya han emprendido caminos similares:
· Nuevo León: En abril de 2025, se presentó una iniciativa para estipular la figura de la guarda y custodia compartida en su Código Civil, buscando que sea una opción viable para los jueces.
· Coahuila: Colectivos ciudadanos han impulsado la llamada “Ley 50/50”, que busca establecer la custodia compartida como regla general en casos de separación, reduciendo conflictos legales y fomentando la paternidad activa.
· Ciudad de México: Si bien una reforma en 2007 ya permitía la custodia compartida mediante convenio, aún persisten debates sobre su aplicación, especialmente en la custodia provisional de menores.
Esta tendencia refleja un cambio cultural que se está abriendo paso en los tribunales y legislaturas. Expertos en derecho familiar señalan que la custodia compartida, cuando es viable, beneficia el desarrollo emocional de los hijos al mantener lazos fuertes con ambos padres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que las autoridades deben atender exclusivamente al interés superior de la niñez al establecer regímenes de custodia, lo que da un piso constitucional sólido a este tipo de reformas.
El camino para que esta iniciativa se convierta en ley en Guanajuato aún es largo. García Salcedo ha anunciado mesas de trabajo con especialistas para enriquecer la propuesta, cuya primera sesión está programada para el 29 de julio en el Centro Universitario de Guanajuato. Se requerirá, además, reunir firmas de apoyo ciudadano.
Sin embargo, el precedente que se geste en Guanajuato podría ser el catalizador que otros estados necesitan para actualizar sus marcos legales. Si la iniciativa prospera, sentará un precedente jurídico y social que demostrará que la corresponsabilidad parental no es una concesión, sino un derecho fundamental de las infancias y un paso necesario hacia una justicia familiar más equitativa en todo México.
