José Juan Conejo Pichardo
17 ago 2026
Análisis | Derechos Humanos
México crea un protocolo para investigar los delitos contra personas defensoras de derechos humanos. El desafío ahora será convertir el papel en justicia.
Ciudad de México.— Defender derechos humanos en México puede significar enfrentarse al poder, denunciar abusos, acompañar víctimas, proteger territorios, buscar desaparecidos o cuestionar decisiones de autoridades y grupos con intereses económicos o políticos.
También puede significar ponerse en riesgo.
Por eso, la adopción del Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, celebrada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), representa algo más que una nueva herramienta para las fiscalías: es el reconocimiento institucional de que quienes defienden derechos requieren investigaciones especializadas cuando son víctimas de un delito.
La dimensión del problema explica la relevancia de la medida.
Entre 2016 y 2025, la ONU-DH documentó 184 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y 43 desapariciones posiblemente relacionadas con su labor.
No son solamente números.
Detrás de cada cifra existe una familia, una comunidad, una causa y, muchas veces, una denuncia que alguien decidió presentar cuando otros prefirieron guardar silencio.
El nuevo protocolo busca modificar precisamente una de las debilidades históricas de la justicia mexicana: investigar el delito sin investigar el contexto.
Porque no es lo mismo asesinar a una persona que asesinar a alguien después de que denunció corrupción, defendió un territorio, acompañó a víctimas, exigió justicia o hizo públicos abusos de autoridad.
El móvil puede estar precisamente ahí.
El contexto también es una prueba
Una de las aportaciones centrales del protocolo consiste en establecer que, cuando existan indicios de que la víctima desarrolla actividades de defensa de derechos humanos, las autoridades deberán considerar esa circunstancia desde las primeras etapas de la investigación.
Además, deberán priorizar y agotar las líneas de investigación relacionadas con esa labor.
Parece una cuestión técnica.
No lo es.
Puede cambiar radicalmente la manera en que una fiscalía construye una carpeta de investigación.
Durante años, una amenaza pudo ser tratada como un hecho aislado; una agresión, como una riña; una desaparición, como un caso individual; un asesinato, como un homicidio más.
El contexto puede revelar otra historia.
Puede mostrar que antes hubo intimidaciones.
Que existieron denuncias.
Que hubo campañas de desprestigio.
Que la víctima estaba enfrentando intereses determinados.
Que había solicitado protección.
Que su trabajo incomodaba a alguien.
Y que, por tanto, el delito no ocurrió en el vacío.
La investigación debe mirar todo ese entorno.
Esa es quizá una de las mayores aportaciones del nuevo instrumento: obligar a las autoridades a preguntarse qué estaba defendiendo la víctima y quién podía tener interés en silenciarla.
La impunidad también protege al agresor
El anuncio de la ONU-DH merece reconocimiento, pero también debe recibirse con una dosis de exigencia.
Porque México no enfrenta únicamente un problema de violencia contra personas defensoras.
Enfrenta un problema de impunidad.
La creación de un protocolo no garantiza por sí misma que habrá justicia. El documento tendrá valor únicamente si consigue modificar la actuación cotidiana de policías de investigación, agentes del Ministerio Público, peritos y fiscales.
La propia ONU-DH pidió a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales impulsar una amplia difusión del protocolo, capacitar al personal encargado de aplicarlo y establecer mecanismos para evaluar periódicamente sus resultados.
Ahí está la verdadera prueba.
Porque un protocolo puede convertirse en una herramienta histórica o en otro documento institucional que termine olvidado entre expedientes.
La diferencia estará en su aplicación.
Y la sociedad tendrá derecho a preguntar cuántas investigaciones fueron realizadas bajo sus criterios, cuántas líneas de investigación relacionadas con la labor de defensa fueron agotadas, cuántos responsables fueron identificados y cuántos casos llegaron efectivamente ante un juez.
Sin indicadores públicos, la implementación será difícil de evaluar.
Sin resultados, el protocolo será solamente una buena intención.
El mensaje también es político
La adopción del instrumento tiene además una dimensión que trasciende el ámbito ministerial.
México está diciendo, al menos en el plano institucional, que defender derechos humanos no puede ser considerado una actividad sospechosa ni una causa para criminalizar a quien la ejerce.
El protocolo incorpora expresamente el principio de no criminalización de la labor de defensa y reconoce la participación de víctimas, familiares y familia social dentro de las investigaciones. También contempla un registro obligatorio de denuncias por delitos cometidos contra personas defensoras.
Esto importa porque la criminalización puede comenzar incluso antes de que exista una agresión física.
Puede aparecer mediante campañas de desprestigio, amenazas, vigilancia, procesos judiciales utilizados como mecanismo de presión o acusaciones destinadas a desacreditar a quien denuncia.
Cuando una persona defensora es presentada como el problema en lugar de investigar aquello que está denunciando, el Estado corre el riesgo de invertir los papeles.
La víctima termina bajo sospecha.
El agresor obtiene tiempo.
Y la sociedad pierde información.
No basta con proteger después de la amenaza
La experiencia mexicana también deja otra lección.
La protección debe ser preventiva.
En octubre de 2024, la ONU-DH condenó el asesinato del sacerdote y defensor indígena Marcelo Pérez Pérez, quien contaba desde 2015 con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido al riesgo que enfrentaba por su labor. La propia ONU-DH señaló entonces que, pese a las medidas y a las constantes denuncias de agresiones, éstas resultaron insuficientes para impedir su asesinato.
Ese caso muestra una realidad incómoda:
tener protección no significa necesariamente estar protegido.
Una medida que no se ejecuta adecuadamente, una amenaza que no se investiga o una denuncia que no genera una reacción institucional oportuna pueden convertirse en antecedentes de una tragedia.
Por eso, investigar también es prevenir.
Una amenaza correctamente investigada puede revelar un riesgo mayor.
Una agresión investigada con perspectiva de contexto puede identificar a los responsables intelectuales.
Una desaparición investigada de inmediato puede aumentar las posibilidades de encontrar a la víctima.
Y un asesinato investigado con todas sus líneas puede impedir que el crimen quede reducido a una estadística.
La sociedad también debe vigilar el protocolo
La ONU-DH celebró la adopción del instrumento como un avance significativo y recordó que el proceso comenzó en 2022, con la colaboración entre la FGR y Naciones Unidas, para desarrollar una herramienta especializada. Posteriormente participaron fiscalías, instituciones públicas, organizaciones civiles, personas expertas y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Ahora comienza una etapa distinta.
La etapa de medir resultados.
Las organizaciones civiles, colectivos, periodistas, víctimas y familiares deberán observar cómo se aplica.
Las fiscalías deberán rendir cuentas.
Y las autoridades tendrán que demostrar que la especialización no se queda en el discurso.
Porque la defensa de los derechos humanos no es una concesión del Estado.
Es una actividad protegida por el propio orden jurídico nacional e internacional.
Quien busca a una persona desaparecida.
Quien acompaña a una víctima.
Quien denuncia una injusticia.
Quien protege un territorio.
Quien exige transparencia.
Quien documenta una violación de derechos.
Quien enfrenta la discriminación.
Quien denuncia corrupción o abuso de poder.
Está contribuyendo, desde distintos frentes, a que la sociedad tenga mayores condiciones de libertad, justicia y dignidad.
Por eso, cuando una persona defensora es atacada, no solamente se agrede a un individuo.
Se intenta silenciar una causa.
Y cuando una agresión queda impune, el mensaje que recibe el resto de la sociedad es todavía más peligroso: que denunciar puede tener consecuencias y que el silencio puede resultar más seguro.
El nuevo protocolo puede comenzar a cambiar ese mensaje.
Pero tendrá que demostrarlo en las carpetas de investigación, en las fiscalías y en los tribunales.
México ya tiene una herramienta.
Ahora necesita resultados.
Porque en una democracia, defender derechos no debería costar la libertad, la seguridad ni, mucho menos, la vida.
