José Juan Conejo Pichardo
22 sep 2026
Investigación | Análisis
¿Qué tienen que ver los sindicatos con los derechos humanos? Todo. Y es hora de decirlo sin miedo.
Amnistía Internacional lo ha documentado con claridad: los sindicatos son fundamentales para proteger y promover los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a no sufrir discriminación. No son un apéndice del mundo laboral. Son la primera trinchera de defensa.
En primer lugar, equilibran la balanza del poder. Cuando un trabajador solo negocia frente a una empresa rica y poderosa, pierde. Cuando lo hace en colectivo, exige responsabilidades. Esa es la esencia de la negociación colectiva.
En segundo lugar, los beneficios de un sindicato van mucho más allá del lugar de trabajo. Son la llama que aviva la justicia social. A lo largo de la historia, los sindicatos han sido la fuerza motriz que obligó a gobiernos y empresas a reconocer los abusos. Han creado los fines de semana, la igualdad salarial, las leyes de salud y seguridad. Sin sindicatos, no existirían.
Y en tercer lugar, tienen una larga trayectoria de solidaridad global. Desde las huelgas contra el apartheid en Sudáfrica en los 80 hasta las campañas actuales contra la violencia de género en las fábricas de India, Bangladesh y Lesotho, el sindicalismo demuestra que es un movimiento de derechos humanos.
Legalmente, eso ya está reconocido en México. El INEGI no clasifica a un sindicato como una empresa, lo clasifica como una Organización de la Sociedad Civil. Forma parte del tercer sector ( ONG’s y OSC’s ), en 2024 representó el 3.3% del PIB nacional, más de 1 billón de pesos, y que generó 3.3 millones de puestos de trabajo entre remunerados y voluntarios. Dentro de ese sector, las organizaciones empresariales, profesionales y sindicales aportaron el 6.7% del valor, por encima del sector salud. Son sociedad civil con todas sus letras, representan liderazgos y gestionan el bien común.
El problema es que México tiene dos sindicalismos. Uno viejo y otro nuevo.
El viejo es el que explica por qué la confianza en los sindicatos cayó a 34.2% según la ENCIG 2025 del INEGI, la cuarta más baja del país, solo por encima de partidos y diputados. Es el corporativismo que mantuvo una tasa de sindicalización formal de apenas 12.8% de los asalariados. Son décadas de distancia con la base, como advierte el abogado Alfonso Bouzas. Ese modelo solo peleaba el salario y olvidó a la familia.
El nuevo sindicalismo entendió que defender al trabajador sin defender su entorno es inútil. ¿De qué sirve un aumento de 10% si tu hija no tiene guardería, si tu esposa gana 79 pesos por cada 100 que ganas tú, o si te despiden por estar embarazada?
Por eso hoy existen sindicatos que trabajan con línea humanista, de respeto a los derechos humanos y en búsqueda del bien común, que independiente de dar beneficios a sus agremiados, dirigen recursos hacia la familia y a la sociedad, haciendo una derrama amplia de programas.
En el panorama nacional hay ejemplos: el Sindicato de Telefonistas con su modelo de educación digital y becas, el STPRM con programas de vivienda, el Sindicato de la Industria Automotriz que financia centros de capacitación para esposas e hijos de obreros, o colectivos como el Frente Auténtico del Trabajo que impulsó el Acuerdo Internacional de Seguridad tras la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh.
En esa ruta de actualización se inscribe Sindicato por México. No es el único, pero es representativo de esta generación. Es un sindicato que se adapta a la actualidad de las necesidades de la sociedad trabajadora y a la actividad económica del país, que se actualiza con las nuevas leyes locales, nacionales e internacionales. No solo discute contrato colectivo: propone proyectos y programas, firma convenios intersindicales y con institutos académicos, de cultura, deportivos, de ciencia y tecnología por hacer mención de algunos; impulsa programas para madres solteras trabajadoras, abre la polivalencia laboral y lleva servicios a la comunidad. Esa es la evolución de una organización de la sociedad civil: pasar del pliego petitorio al proyecto social. Sindicatos de este tipo son punta de lanza para el progreso de México.
Y urge. México vive una crisis de derechos laborales. El 67% de informalidad, la brecha salarial de género, el acoso laboral que ha sufrido una de cada cuatro mujeres según la ENDIREH, y la exclusión de más de 20 millones de personas con discapacidad del mercado formal, exigen un sindicato que sea defensor de derechos humanos, no solo gestor de prestaciones.
La Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a afiliarse. Es un derecho humano, no una concesión patronal.
Por eso la negociación colectiva no debe verse como un trámite. Es el mecanismo por el cual los trabajadores conquistan mejores condiciones, pero también políticas inclusivas, protocolos contra la discriminación y protección a los más vulnerables. Cuando el Estado respeta la libertad sindical, crea lugares de trabajo donde hay confianza y dignidad.
El futuro del sindicalismo en México no se mide en cuántos contratos tiene, sino en cuánta justicia social genera fuera de la fábrica. El sindicato que sí sirve es el que entiende que su agremiado no termina cuando checa tarjeta: sigue siendo padre, madre, vecino y ciudadano.
