

Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
7 oct 2026
DETRÁS DE LA NOTICIA
Ante la inacción de la Fiscalía del Estado, el corresponsal del diario Milenio de la CDMX, Óscar Mariano Francisco Rodríguez Hernández, se vio obligado a entrevistarse con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, para denunciar las amenazas en su contra.
Afortunadamente en el caso de Cornelio Merlín Cruz, la presión de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y Libertad de Expresión obligaron a montar un operativo para su protección y salvaguarda por elementos de la Guardia Nacional y la Policía del Estado.
De manera más que lamentable y dolorosa, una vez más, el tiempo nos da la razón. La impunidad en la ejecución de Francisco Alejandro Leyva Aguilar dispara la violencia mortal contra los periodistas y comunicadores oaxaqueños. ¡Seguirán los atentados y asesinatos!
El tiempo, también, nos dio la razón al advertir que el peor error de los narcopolíticos es matar periodistas incómodos por críticos de la complicidad gubernamental con el narcotráfico, al presionar el gobierno de los EE.UU. al gobierno mexicano, como ocurrió con la ejecución de Alejandro Leyva.

A quienes aún lo duden ahí están los operativos federales y locales contra “El Bogar” Ricardo Estévez Colmenares o Bogar Soto Rodríguez y “El Cromo” Iván Santiago Terán o Iván Sánchez Santiago. Por ahora, gracias a un “pitazo”, “El Bogar” logró escapar hacia Guatemala.
Por otro lado, la Marina realizó un cateo en presunta casa de seguridad de “El Cromo”, en Barranca Colorada, Asunción Ixtaltepec, ubicada a media cuadra de la vivienda de la mamá del gobernador sin lograr detener a Iván Santiago Terán o Iván Sánchez Santiago.
Más temprano que tarde, el tiempo, también nos dará la razón en la ejecución de algunos narcopolíticos y sus operadores, por echar a perder a los capos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación el multimillonario negocio del tráfico de drogas, al perseguirlos EE.UU.
Ya de suyo son bastante graves per se las agresiones y amenazas a los periodistas y comunicadores oaxaqueños, sin embargo, lo es más la criminal omisión y negligencia de las autoridades preventivas, ministeriales y judiciales de la entidad oaxaqueña.

Las causas son de sobra conocidas por todos: Ineptitud por improvisación por 90% lealtad y 10% capacidad, valemadrismo o abierta complicidad por la escandalosa corrupción que permea en las áreas responsables de prevenir, combatir y sancionar los delitos.
No obstante, el mayor problema de fondo en la impunidad, no solo es el mal ejemplo a seguir por cualquier gobernante, político, funcionario o delincuente, contra los periodistas y comunicadores oaxaqueños, sino dinamitar la democracia en el Estado.
Indispensable es repetir hasta el cansancio que sin libertad de expresión, derecho a la información, derecho a saber y derecho a la verdad, no hay democracia, sino gobiernos autocráticos por autoritarios en vías de convertirse en regímenes dictatoriales.
Ante la inacción de la Fiscalía del Estado, el corresponsal del diario Milenio de la CDMX, Óscar Mariano Francisco Rodríguez Hernández, se vio obligado a entrevistarse con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, para denunciar las amenazas en su contra.
Resulta harto condenable que el caso de Óscar Mariano Francisco Rodríguez Hernández, no sea el único de inacción de la FGEO, toda vez que igual ocurrió en la denuncia por amenazas de muerte al periodista finalmente ejecutado por la narcopolítica Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
En el caso de las amenazas de muerte al periodista Cornelio Merlín Cruz presuntamente por sicarios colombianos, por la información que le compartió Alejandro Leyva, fue incorporado al Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Afortunadamente, en el caso del director del Corporativo Editorial de Medios de Comunicación, la presión de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y Libertad de Expresión obligaron a su protección por elementos de la Guardia Nacional y la Policía del Estado.
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