El reto de las alcaldías de la Ciudad de México

En 2018, derivado de la reforma política de la Ciudad de México, el modelo de gobierno local transitó de delegaciones a alcaldías, junto con esto se anunció la creación de un órgano colegiado denominado concejo el cual fungiría como mecanismo clave para el equilibrio en dichos órganos de gobierno. La intención era clara: dotar a las demarcaciones de la capital, de un contrapeso institucional que permitiera una mayor supervisión del alcalde o alcaldesa, y garantizar una administración con mayor representación ciudadana.

Los concejos, conforme al artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías (LOA) (2023), tienen como funciones: la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la alcaldía, en los términos que señalen la legislación correspondiente. El alcalde o alcaldesa es el titular y a esta figura corresponde tomar las decisiones relacionadas a las acciones de gobierno.

Tanto los alcaldes como los integrantes del concejo son elegidos mediante el voto ciudadano por un periodo de tres años (Art. 16, LOA, 2023). La Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX) (2023), en su artículo 53, indica que su elección es mediante planillas que incluyen entre siete y diez candidatos para el concejo, y se rige por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, con un 60% elegido por el primero y un 40% por el segundo. Además, se establece la restricción de que ningún partido o coalición puede tener más del 60% de los concejales. Sin embargo, a seis años de su implementación, su efectividad sigue siendo un tema de análisis.

De lo anterior podemos destacar dos desafíos relevantes, el primero, relacionado con la consolidación de sus atribuciones y el segundo, con su conformación política.

En este sentido, aunque su diseño responde a la necesidad de establecer un contrapeso institucional de las alcaldías, después de que los gobiernos locales en la capital se caracterizaron por desarrollarse en un contexto centralizado, su funcionamiento aún presenta retos. La supervisión y control del gasto público, así como la evaluación de las acciones de gobierno, depende del desenvolvimiento y de la relación con las alcaldías, y de los mecanismos disponibles para ejercer estas funciones. En algunos casos, su influencia ha sido limitada, lo que plantea la necesidad de seguir fortaleciendo sus atribuciones y herramientas de fiscalización.

Por otro lado, tenemos que la integración de los concejos, basada en planillas con criterios de mayoría relativa y representación proporcional, han generado dinámicas que pueden influir en su funcionamiento. Si bien, el diseño busca garantizar pluralidad y equilibrio, en la práctica, la distribución puede ser un factor que impacta su capacidad para ejercer las funciones de supervisión y deliberación. Lo que abre el debate sobre los ajustes o posibles ajustes que permitan fortalecer la pluralidad política y su función a nivel local.

Estos desafíos reflejan la importancia de realizar un análisis profundo sobre el papel y funcionamiento de los concejos en las alcaldías. Evaluar su efectividad como contrapeso institucional y su impacto en la gobernabilidad local, permitirá identificar áreas de mejora y posibles ajustes normativos.

A seis años de su implementación, es necesario reflexionar sobre las estrategias que podrían fortalecer el papel de estos órganos colegiados dentro del sistema político de la Ciudad de México.

Investigadora Social

Gestora Social y Analista Política

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