José Juan Conejo Pichardo
23 mar 2026
Análisis Político-Derechos Humanos
La semana pasada, Amnistía Internacional encendió una alarma que ningún demócrata en México debería ignorar. Su informe Rompiendo el tejido social documenta cómo, entre 2024 y 2025, seis países de la región —Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela— han aprobado o reformado marcos legales diseñados no para transparentar, sino para asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Lo que está en juego no es menor: es la propia posibilidad de que existan voces independientes capaces de interpelar al poder.
Como consultor en derechos humanos, gestión pública y análisis estratégico, he visto cómo estas normativas no surgen de la nada. Son el resultado de un patrón deliberado: desprestigiar a quienes defienden derechos, etiquetarlos como “enemigos internos” o “agentes extranjeros”, y luego imponer controles tan vagos como letales. El informe lo confirma: en todos los casos, las leyes fueron aprobadas sin consulta, con definiciones abiertas a la discrecionalidad —“orden público”, “actividad política”— y con sanciones que van desde el congelamiento de cuentas hasta la disolución administrativa.
El dato más escalofriante no es técnico, sino político: en Perú, una OSC puede ser cancelada por representar legalmente a víctimas de violaciones de derechos humanos en un juicio contra el Estado. En Nicaragua, ya se han cerrado miles de organizaciones. En Ecuador, la suspensión de cuentas bancarias se ha convertido en un mecanismo de presión cotidiano.
Lo que está detrás de estas medidas es una ofensiva frontal contra la libertad de asociación, entendida no como un derecho abstracto, sino como el puente que permite a comunidades indígenas defenderse del extractivismo, a mujeres sobrevivientes de violencia acceder a justicia, a periodistas y ciudadanos monitorear elecciones y corrupción. Sin ese puente, los derechos se vuelven letra muerta.
Desde mi experiencia en análisis normativo y acompañamiento a OSC en México, puedo afirmar que el riesgo no es ajeno. Aquí también hemos visto campañas de estigmatización contra organizaciones defensoras, propuestas legislativas que buscan regular bajo sospecha y un clima en el que la “transparencia” se usa a veces como espada, no como escudo. El informe de Amnistía nos obliga a preguntarnos: ¿estamos observando con suficiente atención los primeros compases de una sinfonía que en otros países ya ha derivado en autoritarismo?
No se trata de oponerse a toda regulación. Se trata de que ésta sea necesaria, proporcional y respetuosa de los estándares internacionales. Lo que hoy se extiende por las Américas es lo contrario: leyes que castigan sin prueba, controlan sin límite y silencian sin debate.
La conclusión es ineludible: cuando una región entera normaliza el cierre del espacio cívico, la democracia se vacía. México tiene la oportunidad y la responsabilidad de no seguir ese camino. Proteger a las organizaciones de la sociedad civil no es favorecer a nadie, es garantizar que la ciudadanía tenga herramientas reales para defender sus derechos. Como bien lo señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “proteger el derecho a organizarse es proteger el corazón mismo de los derechos humanos”.
Hoy, ese corazón late bajo amenaza en gran parte del continente. La pregunta es si estaremos a tiempo de evitar que el pulso se detenga también aquí.
