Ana Karen Martínez Sarabia
9 abr 2025
¿Estamos listos?
El 30 de marzo en México comenzaron las campañas políticas de quienes aspiran a convertirse en juezas y jueces, magistrados y magistradas, ministras y ministros del Poder Judicial de la Federación. Esta novedad surge a raíz de la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en 2024, que ha abierto un debate profundo y polarizado: ¿esta elección democratizará la justicia o pondrá en riesgo su independencia?
Hace unos días, fui invitada por un colega a dar una plática a estudiantes de segundo trimestre de la UAM Xochimilco; el debate adquirió un rostro concreto: el de jóvenes universitarios con dudas genuinas, preguntas inteligentes y una mezcla de interés y escepticismo: ¿Cómo funcionará?, ¿Cómo se harán las campañas?, ¿Quién eligió a los candidatos? Estas inquietudes no son menores: revelan que, más allá de la narrativa política, hay una necesidad urgente de dar información clara, accesible y confiable para que la ciudadanía, especialmente la juventud, pueda ejercer su voto informado.
Lo cierto es que México no es el primer país en experimentar con la elección popular de integrantes del sistema judicial. En Bolivia, por ejemplo, desde 2011, se eligen por voto popular a los altos magistrados. No obstante, el proceso ha sido cuestionado por la escasa información al electorado, la limitación de campañas y el control del oficialismo en la preselección. (Deheza, 2012). El resultado ha sido una alta proporción de votos nulos y blancos, reflejo de una ciudadanía desconfiada y con nula información (Ibidem),
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una variedad de modelos: elección directa, designación por el gobernador, por el legislativo o mediante planes de mérito. Esta diversidad refleja su historia federalista, pero también ha generado tensiones (Rodríguez, 2007). En estados como Virginia y Carolina del Sur, donde el legislativo aún nombra a los jueces, se ha puesto en duda la independencia judicial (Ibidem).
Estos casos muestran que elegir jueces no garantiza automáticamente una justicia más democrática. El reto está en cómo se diseña, pero también en cómo se implementa el sistema: con filtros técnicos, procesos abiertos, controles institucionales y ciudadanía informada. Desde una perspectiva más profunda, no basta con crear nuevas reglas institucionales si no se acompaña de una transformación en las actitudes cívicas.
En su estudio The Civic Culture (1963), Almond y Verba señalaron que toda democracia requiere de una cultura política específica para consolidarse, a la que llamaron cultura cívica. En este sentido, ambas se complementan: la participación democrática (como votar por integrantes del sistema judicial) sólo puede ser efectiva si está respaldada por una comprensión de las normas, la legalidad y el funcionamiento del sistema judicial.
Lo más valioso de aquella plática en la UAM no fue encontrar respuestas, sino escuchar la voz de quienes están comenzando a mirar críticamente su entorno: una juventud que quiere participar, pero que también exige claridad y seriedad en el proceso. Como dijo uno de los estudiantes: “Sí quiero votar, pero primero quiero saber por qué y por quién”. Quizá ahí esté la clave: no solo abrir las urnas, sino también abrir la conversación para robustecer la cultura que da sentido a la democracia.
Investigadora Social
Gestora Social y Analista Política
Contacto: 5587601794
