José Juan C Pichardo
22 oct 2025
Análisis
La impunidad, el encubrimiento y la corrupción hunden la credibilidad del sistema educativo estatal
Cuernavaca, Mor.— Lo ocurrido en la Escuela Secundaria No. 13 “Rosario Castellanos” de Cuernavaca no es un caso aislado, sino un reflejo del profundo deterioro institucional que arrastra el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). Dos maestras —Gabriela Figueroa Díaz y María Esther Vera Silva— decidieron manifestarse y amenazan con iniciar una huelga de hambre tras tres meses de silencio institucional ante las agresiones que denuncian haber sufrido por parte del director del plantel, Jaime Hernández Prieto.
A pesar de los señalamientos, el directivo continúa en funciones y las víctimas permanecen fuera de su centro de trabajo, bajo un clima de impunidad que desnuda el verdadero rostro del IEBEM: una estructura anquilosada, viciada y protegida por redes de poder que operan desde dentro.
De acuerdo con Mavic Jaimes Miranda, docente del mismo plantel y secretaria de Equidad de Género y Derechos Humanos de la Sección 19 del SNTE, las agresiones datan del 17 de julio. Desde entonces, las maestras han solicitado la intervención de la autoridad educativa sin obtener respuesta.
Una institución enferma de impunidad
El caso ha puesto nuevamente en tela de juicio la operación del IEBEM, una dependencia que no ha logrado desmarcarse del lastre de corrupción, negligencia y compadrazgo heredado de administraciones pasadas. A pesar de los cambios en su dirección, el instituto continúa exhibiendo las mismas prácticas de protección interna y encubrimiento institucional, especialmente cuando se trata de funcionarios cercanos a antiguos grupos de poder.
El director señalado, Jaime Hernández Prieto, no es un nombre nuevo dentro del organigrama educativo. En el sexenio anterior ocupó la dirección general del propio IEBEM, lo que explicaría —según las denunciantes— la aparente protección de la que goza.
La pasividad con la que se ha manejado este caso envía un mensaje devastador al magisterio: que dentro del sistema educativo de Morelos no hay justicia para los docentes, y que las víctimas deben elegir entre el silencio o la persecución.
Corrupción que hiere a todos
Pero el daño no termina en las aulas. Este tipo de impunidad afecta directamente a los padres de familia y a los estudiantes, quienes son los receptores finales de una educación administrada por burócratas insensibles y directivos sin ética. Cuando el ejemplo que viene desde las instituciones es la corrupción y el abuso de poder, se destruye la confianza social y se degrada la credibilidad de la enseñanza pública.
Las denuncias por actos de corrupción contra Hernández Prieto —entre ellas, un supuesto fraude por la venta de un libro de 180 pesos que nunca fue entregado— se suman a una larga lista de irregularidades que exhiben el estado de descomposición moral del IEBEM. Incluso se ha señalado la existencia de al menos 12 “aviadores”, personas que cobran sin presentarse a trabajar y que presuntamente operan desde el propio instituto para beneficiar al directivo acusado.
Una vergüenza que trasciende fronteras
El caso de la Secundaria “Rosario Castellanos” traspasa los límites locales y se convierte en un ejemplo de cómo la falta de voluntad política y de profesionalismo administrativo puede corroer por completo el sistema educativo.
Morelos, un estado históricamente vinculado con la lucha social y la educación cívica, hoy enfrenta la vergüenza nacional de mantener una institución educativa secuestrada por intereses internos, nepotismo y corrupción.
No se trata solo de dos maestras violentadas. Se trata de un sistema enfermo, podrido desde sus cimientos, donde los derechos humanos, la ética profesional y la vocación educativa son sacrificados en nombre del poder y la impunidad.
Si el gobierno estatal no actúa con firmeza, el IEBEM seguirá siendo el reflejo más claro de cómo la corrupción institucional destruye el futuro de miles de estudiantes y ensucia la imagen de Morelos ante todo el país.
