Justicia Distópica: Por qué la ley en México es solo un adorno electoral

La esfera jurídica de los gobernados en México es cada vez más endeble y vulnerable. La realidad del país dista de lo que los grandes pensadores del derecho y los códigos —en torno al bien jurídico tutelado— mencionan; vivimos una realidad distópica. La gente está dejando de creer en las instituciones; sin embargo, para efectos políticos, esto no parece ser un problema. Los políticos en nuestro país han hecho una mofa de lo que el mexicano vive, utilizando la desgracia de millones para generar un efecto dominó de violencia, injusticia y carencia económica.

Esta impunidad crónica está dejando números alarmantes: un 89.4% de impunidad penal institucional. Además, se estima que el 93.2% de los delitos ni siquiera se denuncian, principalmente por una clara falta de confianza en la autoridad y la percepción de que acudir a ella es una pérdida de tiempo. Según datos del INEGI, el 46% de la población desconfía abiertamente de los partidos políticos. Curiosamente, mientras las instituciones civiles se debilitan, las Fuerzas Armadas mantienen un nivel de confianza del 75.9%. En esta realidad distópica, es casi seguro que este contraste será aprovechado por el grupo en el poder como una herramienta de validación, dejando la ley —una vez más— como un simple accesorio del poder.

Hay que dejar clara una situación que se vive día a día en nuestro país: la clase política se empeña en mantener un estado de tensión continua sobre la población. Bajo una fachada de institucionalidad, lo que realmente impera es una poca efectividad jurídica y una justicia mediocre, donde se legisla para fortalecer a grupos específicos en el poder mientras se ignora la protección ciudadana.

Esta tensión no es accidental; para los fines del sistema, el conflicto es necesario. Al poder actual no le importa la norma, y mucho menos la justicia; su verdadero interés reside en el control del poder económico que garantiza los votos. En esta maquinaria, la desgracia social no se resuelve, se administra; el dolor de millones no es una prioridad de Estado, sino el combustible para mantener una validación política que solo beneficia a quienes manejan el presupuesto.