Uka Nuiwame ONG ( Mujer Renaciente )
9 feb 2026
Derechos Humanos
En México, un principio jurídico innegociable y profundamente vinculado a los derechos humanos es la obligación de reparar el daño cuando se perjudica a una persona. Este principio está presente tanto en el derecho civil —como responsabilidad civil por actos u omisiones— como en el derecho penal cuando, además de castigar conductas ilícitas, se debe reparar integralmente a la víctima. Pero, aunque estos conceptos han existido por décadas, recientes cambios legales, judiciales y sociales están transformándolos de forma que impactan a millones de personas que buscan justicia, dignidad y reparación verdadera.
Una reparación que va más allá de lo económico
La responsabilidad civil tradicional obliga a quien causa un daño a repararlo —típicamente mediante una indemnización— para restablecer a la víctima, en lo posible, a la situación anterior al daño. Por su parte, el derecho de daños es un campo jurídico más amplio que incluye el análisis de cómo se determina, cuantifica y aplica esa reparación, incorporando nociones modernas como responsabilidad objetiva, daño moral, daño punitivo y estándares de reparación integral que consideran tanto el aspecto material como el humano del perjuicio sufrido.
Un tema clave en la jurisprudencia y en la práctica jurídica moderna es la reparación integral del daño, que no se limita a pagar dinero, sino a considerar todos los impactos del daño: físico, psicológico, moral, patrimonial y, en algunos casos, social. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha impulsado este concepto como estándar de justicia, orientado a dar contenido real a los derechos humanos de las víctimas.
Cambios recientes que marcan un antes y un después
El Derecho de Daños es la rama del derecho civil que regula la obligación de reparar un daño causado a otra persona, aun cuando no exista un contrato entre quien causa el daño y la víctima.
En el ámbito de los establecimientos comerciales, este derecho se traduce en una regla clara:
Quien obtiene un beneficio económico de una actividad, asume la obligación de prevenir riesgos y responder por los daños que se generen dentro de su esfera de control.
Responsabilidad civil extracontractual subjetiva
La responsabilidad extracontractual subjetiva se actualiza cuando concurren:
•Una conducta (acción u omisión)
•Un daño
•Un nexo causal
•Culpa o negligencia (falta de cuidado)
En bares, antros y negocios similares, la culpa no se limita a una agresión directa, sino que puede configurarse por:
•Falta de seguridad
•Omisión de medidas preventivas
•Tolerar conductas riesgosas
•No intervenir ante situaciones previsibles
Ley Federal de Protección al Consumidor
Artículo 1°, fracción I
Reconoce como derecho básico del consumidor:
La protección de la vida, salud y seguridad frente a riesgos provocados por productos o servicios.
Esto significa que consumir en un bar no implica renunciar a la seguridad personal, y que el proveedor responde también por omisiones.
En los últimos años y meses han traído decisiones y debates legales que modifican cómo se concibe y aplica el derecho de daños y la responsabilidad civil en México. Entre los avances más importantes están:
1. Obligación constitucional del seguro de responsabilidad civil obligatorio
La SCJN declaró constitucional que las leyes locales puedan obligar a todos los vehículos a contar con seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, como mecanismo de protección para víctimas de siniestros viales. Esta decisión representa un avance en la materialización de la reparación del daño, ya que garantiza una fuente cierta y oportuna para cubrir gastos médicos, rehabilitación, indemnizaciones y daños morales.
2. Nuevos estándares probatorios para daño moral
El Tribunal Federal ha establecido criterios más estrictos y claros respecto a cómo se debe probar la existencia de daño moral, exigiendo demostrar planes de vida concretos que hayan sido interrumpidos permanentemente por hechos ilícitos. Esto busca hacer más objetiva la valoración judicial y reducir interpretaciones arbitrarias.
3. Reparación integral en ambos ámbitos —penal y civil—
Jurisprudencia reciente de la SCJN ha señalado que las víctimas pueden obtener una compensación penal y otra civil por el mismo hecho, fortaleciendo su derecho de acceso a una reparación efectiva y proporcional. Esto significa que una pena no excluye reparar civilmente a la víctima, reforzando el enfoque de justicia integral.
4. Mayor reconocimiento de la responsabilidad objetiva
En ciertas situaciones —como actividades peligrosas—, la ley permite reclamar indemnización sin necesidad de probar culpa o negligencia, como ha reconocido la Primera Sala de la SCJN en casos de muerte o lesiones graves en entornos de riesgo. Este enfoque de responsabilidad objetiva busca proteger de manera eficaz a víctimas que no pueden probar factores subjetivos complejos.
Más allá del papel: ¿cumple la justicia?
A pesar de estas transformaciones, expertos señalan que la implementación práctica del derecho de daños enfrenta desafíos significativos. La reciente reforma judicial y la entrada de nuevos juzgadores ha generado preocupaciones sobre la confianza de la sociedad en el sistema civil, pues la efectividad de la reparación del daño depende de jueces con experiencia y de procedimientos accesibles y expeditos.
Asimismo, movimientos de sociedad civil como la Coalición Movilidad Segura han celebrado fallos y promovido reformas legislativas para asegurar que las víctimas de accidentes viales no queden desprotegidas ante la falta de recursos para pagar indemnizaciones.
Un imperativo de derechos humanos
Estos cambios no son meras tecnicidades legales; reflejan una transformación del derecho hacia una justicia más humana, que reconoce que detrás de cada daño hay vidas, familias y proyectos truncados. La reparación integral del daño es, en esencia, la materialización de los derechos humanos, pues exige al Estado y a particulares responder de forma justa, proporcional y efectiva cuando se vulneran bienes jurídicos esenciales como la vida, la salud, la integridad, la dignidad y la seguridad.
¿Qué falta para avanzar?
Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel central para consolidar estos cambios:
Actualizarse y capacitar a sus equipos jurídicos en los nuevos estándares y criterios jurisprudenciales.
Promover la defensa de víctimas que muchas veces carecen de acceso a representación legal de calidad.
Vincular el derecho de daños con agendas de derechos humanos, garantizando que la reparación integral sea vista como un derecho y no como un trámite burocrático.
La responsabilidad civil y el derecho de daños en México han entrado en una etapa de profunda transformación jurídica y social, con cambios significativos que buscan hacer efectiva la justicia para las víctimas. Los avances judiciales y legislativos reafirman que la reparación del daño es un derecho humano esencial, y no sólo un mecanismo económico de compensación. Sin embargo, la brecha entre el papel de la ley y su cumplimiento real sigue siendo un reto que la sociedad civil debe enfrentar con urgencia para garantizar que ningún desastre, accidente o violación de derechos quede sin una reparación digna y justa.
