La Constitución y los proyectos de país

Celebrar el 109º aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me produce un gran orgullo, pero también me lleva a mirarla con atención crítica Es un pilar del orden jurídico y político nacional cuya vigencia no ha sido uniforme, sino que ha adoptado distintos sentidos conforme han cambiado los proyectos de nación. Promulgada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, la Constitución nació en un momento de profunda recomposición del país e incorporó, por primera vez a nivel mundial, un entramado explícito de derechos sociales que la diferenció claramente de textos anteriores, como la Constitución de 1857.

En ese sentido, la Constitución ha atravesado, en distintos momentos históricos, procesos de reforma que han acompañado la redefinición del proyecto de nación, en diálogo con las prioridades políticas y económicas de cada gobierno. Durante la segunda mitad del siglo XX, el constitucionalismo social convivió con un modelo de desarrollo de fuerte presencia estatal que, con claros alcances y límites, sostuvo la intervención del Estado tanto en la economía como en la garantía de derechos. A partir de la década de 1980, este arreglo institucional comenzó a ajustarse de manera gradual, dando paso a nuevas orientaciones de la relación entre Estado, mercado y sociedad.

De este modo, las reformas constitucionales asociadas con el giro neoliberal no se limitaron a ajustes técnicos. Diversos estudios han documentado cómo, bajo gobiernos de orientación tecnocrática, la Constitución fue adaptada para facilitar la apertura económica, los procesos de privatización y la reducción del papel del Estado en sectores estratégicos. La reforma al artículo 27 en 1992 constituye uno de los ejemplos más representativos; pues redefinió el régimen de propiedad social de la tierra, al modificar uno de los pilares históricos del constitucionalismo revolucionario, con efectos profundos sobre el campo mexicano.

Este proceso se profundizó en los años posteriores, durante los gobiernos panistas y el de Enrique Peña Nieto. La Constitución fue reformada en ámbitos clave como seguridad, energía y trabajo. Aunque dichas modificaciones se presentaron bajo el discurso de la modernización y la competitividad, también abrieron debates sobre su impacto en los derechos sociales, la soberanía económica y la concentración de poder. En varios casos, estas reformas evidenciaron la tensión existente entre la búsqueda de eficiencia económica y la protección de derechos, poniendo en la cuerda floja el sentido social originalmente inscrito en nuestra Carta Magna.

Por su parte, el periodo identificado como la cuarta transformación ha planteado una revisión crítica de ese ciclo reformista. Las modificaciones constitucionales más recientes buscan, al menos en el plano discursivo y normativo, revalorar el papel del Estado como garante de derechos y como actor relevante en sectores estratégicos. El discurso pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del 109º aniversario de la Constitución, en el Teatro de la República de Querétaro, se inscribe en esta interpretación: al reivindicar la soberanía nacional, retoma una tradición constitucional que concibe al Estado no solo como administrador, sino como responsable de proteger el interés público frente a presiones tanto externas como internas.

Sin embargo, reconocer este intento de reorientación no implica renunciar a una mirada crítica. Nuestra Constitución ha cambiado y seguirá haciéndolo en la medida en que la economía, la sociedad y la política lo hacen; por ello, el desafío actual consiste en distinguir entre aquellas reformas que amplían los derechos sociales de aquellas que los subordinan a lógicas coyunturales o de poder. En este contexto, es necesario admitir que no toda reforma es regresiva, pero también reconocer que no toda modificación constitucional se traduce, por sí misma, en justicia social.

A más de un siglo de su promulgación, nuestra Constitución sigue siendo una clave para pensar el rumbo del país, no solo porque en ella se establecen derechos y límites al poder, sino porque en sus reformas se reflejan las decisiones políticas que han marcado cada etapa histórica; conmemorarla hoy implica asumir la responsabilidad de debatir con seriedad cómo se transforma, con qué propósitos y con qué efectos reales. La soberanía constitucional no se define únicamente en los gestos frente al exterior, sino en la capacidad del Estado para sostener derechos, preservar equilibrios institucionales y dotar de contenido concreto al proyecto de nación.

Docente e Investigadora Social

Gestora Social por #UAM-X

Especialista en Análisis Político #UNAM

Maestrante en Gobierno y Asuntos Públicos #UNAM