José Juan Conejo Pichardo
22 jul 2026
México ha comenzado a discutir una de las regulaciones tecnológicas más importantes de las últimas décadas
El Gobierno Federal abrió un debate nacional para construir, con base en evidencia científica, una propuesta que regule el uso de la inteligencia artificial, las redes sociales y otros entornos digitales entre niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de convertir las conclusiones en una iniciativa de ley durante el próximo periodo legislativo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la intención no es prohibir la tecnología, sino establecer reglas que protejan la salud mental, el desarrollo cognitivo y los derechos digitales de la infancia.
El planteamiento representa un cambio de paradigma. Durante años, las grandes plataformas digitales crecieron prácticamente sin regulación efectiva, mientras los algoritmos definían qué consumen millones de personas cada día. Hoy, el Estado mexicano reconoce que el impacto de estas tecnologías ya no puede analizarse únicamente desde la innovación, sino también desde la salud pública, la educación, la seguridad y los derechos humanos. Especialistas convocados al debate han insistido en que cualquier regulación debe sustentarse en investigación científica y no en decisiones improvisadas.
El desafío va mucho más allá del uso de teléfonos celulares en las escuelas. La inteligencia artificial ya es capaz de generar imágenes falsas, videos manipulados, clonación de voces, campañas de desinformación y publicidad altamente personalizada que puede influir en las decisiones económicas y sociales de millones de usuarios. La pregunta ya no es si debe existir regulación, sino qué tan rápido puede construirse antes de que los daños sean mayores.
En el ámbito internacional, diversos gobiernos han comenzado a exigir mecanismos de verificación de edad, mayor transparencia en los algoritmos y obligaciones específicas para las plataformas digitales, especialmente cuando existen riesgos para menores de edad. El consenso internacional apunta a que la autorregulación de las empresas tecnológicas ha sido insuficiente para enfrentar problemas como la violencia digital, la desinformación y la explotación comercial de los datos personales.
Morelos también entra al debate
Mientras el Gobierno Federal impulsa esta discusión nacional, en Morelos también comienza a construirse una propuesta legislativa con un enfoque distinto, pero igualmente urgente: combatir la publicidad engañosa en redes sociales que sirve como instrumento para cometer fraudes y estafas digitales.
Actualmente, un grupo de integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil ha iniciado mesas de trabajo para elaborar una iniciativa de ley que permita enfrentar este fenómeno desde un marco jurídico sólido. Los trabajos son encabezados por CIVICUS Morelos, organización que ha convocado a especialistas, representantes de organizaciones civiles, activistas y ciudadanos para construir una propuesta basada en el análisis técnico y la protección de los derechos de las personas.
La iniciativa busca establecer mecanismos legales para prevenir y sancionar los esquemas fraudulentos que diariamente afectan a la población mediante falsas inversiones financieras, robo de identidad, supuestas agencias automotrices, financieras inexistentes y anuncios patrocinados que utilizan la credibilidad de las plataformas digitales para engañar a los consumidores.
El propósito no es únicamente castigar a quienes cometen el fraude. La propuesta también abre el debate sobre la responsabilidad que podrían asumir las grandes empresas propietarias de redes sociales cuando permiten la difusión reiterada de publicidad engañosa sin mecanismos eficaces de verificación, facilitando con ello la comisión de delitos que afectan el patrimonio de miles de personas.
La preocupación no es menor. En Morelos se han incrementado las alertas por fraudes relacionados con falsas financieras y supuestas agencias de vehículos que utilizan imágenes reales, páginas con apariencia profesional y campañas patrocinadas para convencer a las víctimas de realizar depósitos anticipados. Este tipo de engaños evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal y de establecer mayores controles sobre la publicidad digital.
De acuerdo con los participantes en estas mesas de trabajo, la iniciativa también contempla incorporar acciones preventivas, educación digital para la ciudadanía, mecanismos de denuncia más ágiles y criterios que permitan exigir una mayor corresponsabilidad a las plataformas digitales cuando sean utilizadas de manera sistemática para la comisión de fraudes.
Con este esfuerzo, CIVICUS Morelos, junto con las organizaciones y ciudadanos participantes, busca aportar una propuesta legislativa que coloque a la entidad entre las primeras del país en impulsar una regulación específica contra la publicidad engañosa en redes sociales, complementando el debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial y los entornos digitales. CIVICUS Morelos buscará el acercamiento con la red de organizaciones promotoras de derechos humanos para proponer un trabajo de colaboración, coordinación y cooperación para hacer esta iniciativa de ley en el estado de Morelos, ya que la publicidad engañosa y la no regulación del uso de la inteligencia artificial y de las empresas de redes sociales en las publicaciones comerciales en muchas ocasiones son violatorias a los derechos humanos, el objetivo es prevenir posibles fraudes, estafas, daños morales y afectaciones a grupos vulnerables.
La regulación de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales representa uno de los mayores desafíos jurídicos de nuestra época. Un exceso de control podría afectar la innovación y la libertad de expresión; una ausencia de reglas deja a millones de usuarios expuestos frente a modelos de negocio donde el engaño, la manipulación y el fraude encuentran terreno fértil.
México tiene la oportunidad de construir una legislación moderna que coloque en el centro a las personas, especialmente a niñas, niños y adolescentes, sin perder de vista que la seguridad digital también debe extenderse al patrimonio, la identidad y los derechos de todos los ciudadanos.
Si el debate nacional logra traducirse en una legislación sólida y, paralelamente, Morelos avanza con una iniciativa para combatir la publicidad engañosa y exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales, el país podría dar uno de los pasos más relevantes hacia un ecosistema digital más seguro, transparente y confiable. Más que limitar la tecnología, el reto consiste en impedir que la innovación siga siendo utilizada como herramienta para el fraude, la manipulación y la vulneración de derechos.
