José Juan Conejo Pichardo
7 abr 2025
Derechos Humanos
En un contexto de violencia y desapariciones, la historia de Teresa González Murillo se convierte en un símbolo desgarrador de la lucha por los derechos humanos en México. La buscadora, que dedicó su vida a encontrar a su hermano desaparecido, fue víctima de un ataque brutal que culminó en su muerte el pasado miércoles 2 de julio. Este trágico desenlace no solo refleja el peligro que enfrentan quienes buscan justicia, sino que también pone al descubierto las fallas del sistema de seguridad ante las amenazas del crimen organizado.
El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, al que pertenecía Teresa, ha sido testigo del sufrimiento y la lucha constante de miles de familias que exigen respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. En un video emotivo, Teresa instó a no rendirse: “No somos uno ni somos cien. Somos miles los que exigimos justicia”. Su voz resonó entre los asistentes a protestas, un eco de esperanza que ahora se extingue con su muerte.
La Fiscalía de Jalisco ha calificado el ataque como un robo, descartando el móvil del secuestro a pesar de las amenazas previas y el clima hostil en el que operan los colectivos de búsqueda. Sin embargo, ¿es posible ignorar la conexión entre su activismo y el ataque sufrido? La realidad es que Teresa enfrentaba no solo al crimen organizado, sino también a una administración local que ha mostrado indiferencia ante las denuncias de sus miembros. Héctor Flores, cofundador del colectivo, reveló que la hija de Teresa también había sido agredida días antes del intento de secuestro, lo que subraya la grave situación que enfrentan estas familias.
El hecho de que Teresa fuera notificada sobre su fallecimiento por reporteros antes que por las autoridades es una muestra más del desdén institucional hacia quienes buscan justicia. Esta falta de respuesta adecuada por parte de las fuerzas del orden revela una crisis profunda en la protección de los derechos humanos en México.
La muerte de Teresa González Murillo no debe ser solo otro caso más en las estadísticas; debe ser un llamado urgente a la acción. Es imperativo que tanto la sociedad civil como las autoridades reconozcan y respondan a la violencia sistemática contra quienes buscan verdad y justicia. La lucha por los derechos humanos no puede detenerse; es vital continuar exigiendo claridad y protección para todos aquellos valientes que se atreven a levantar la voz en contra del olvido.
La historia de Teresa nos recuerda que cada nombre perdido es un grito por justicia. No dejemos que su legado se apague; sigamos luchando juntos.
