Ana Karen Martínez Sarabia
16 jun 2025
Política
En medio de múltiples controversias jurídicas, sociales y políticas, el pasado 1 de junio se celebró por primera vez una elección para designar, por voto popular, a personas impartidoras de justicia en México. Sin embargo, poco se ha discutido que esta elección se llevó a cabo en un país atravesado por una violencia estructural y político-criminal que no solo afecta a la ciudadanía, sino también a los procesos e instituciones del Estado.
La participación ciudadana fue baja: entre el 12.57 % y el 13.32 % del padrón (INE, 2025). Si bien se trató de una elección extraordinaria, el contexto no fue ordinario. De acuerdo con México Evalúa y Data Cívica (2024), las elecciones de 2024 —apenas un año antes— fueron las más violentas de la historia reciente, con 551 víctimas de violencia político-electoral. En ese mismo informe se advierte que ocho entidades presentan alto riesgo de cara a las elecciones judiciales: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Estas regiones concentran factores como disputas entre grupos criminales, múltiples mercados ilícitos y un alto número de cargos judiciales en disputa.
Además, el INE recibió 27 denuncias contra personas candidatas judiciales, por supuestos antecedentes de violencia familiar, deudas alimentarias, violencia política o delitos sexuales. Si bien ninguna derivó en cancelación de candidaturas, el órgano electoral reconoció la falta de elementos normativos suficientes para atender estos casos (INE, 2025).
Por otro lado, y conforma a un análisis de México Evalúa (2025), el crimen organizado no solo busca controlar territorios: también intenta incidir en quiénes toman decisiones judiciales, facilitando impunidad, tráfico de influencias o litigios a favor de sus intereses. En este sentido, la violencia político-criminal, en sus distintas modalidades, se ha consolidado como un mecanismo de interferencia electoral, especialmente en procesos locales y ahora, preocupantemente, en el ámbito judicial.
Como advierte Pippa Norris (2014), la integridad electoral no se agota en que el voto sea contado correctamente; implica que existan condiciones sustantivas de libertad, equidad y seguridad para que los procesos democráticos sean legítimos. Bajo ese marco, las elecciones judiciales de 2025 dejan más preguntas que certezas.
Lo que estuvo ausente en el debate público no fue solo el contenido de la reforma, sino la discusión sobre cómo y en qué condiciones se llevó a cabo. ¿Se puede hablar de democratización del poder judicial si la elección se dio en un entorno de amenazas, denuncias ignoradas y riesgos documentados? Ignorar esta dimensión puede debilitar la legitimidad de lo que se mostró como un avance democrático.
Investigadora Social
Gestora Social y Analista Política
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