Leandro Vique: ¿chivo expiatorio o trofeo político?

Un operativo más político que jurídico.

El viernes amaneció con rumores. Algo grande se movía en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). Poco después, las patrullas y vehículos oficiales confirmaron lo que se avecinaba: un operativo que parecía más un montaje que una diligencia administrativa. En cuestión de horas, las oficinas del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) fueron desalojadas, selladas, resguardadas y rodeadas por funcionarios, contralores, policías y medios de comunicación.

A la cabeza del operativo, la secretaria de Educación, Karla Aline Herrera Alonso, y la titular de la Contraloría, Alejandra Pani Barragán, acompañadas por cámaras y micrófonos, ejecutaron la destitución de Leandro Vique Salazar, entonces director general del IEBEM. Junto con él, fueron removidos varios funcionarios de confianza del área jurídica y administrativa. La escena fue descrita como una inspección “sorpresa”, pero en realidad, parecía una función planeada con libreto y público.

El personal fue desalojado entre incertidumbre, los accesos bloqueados, la energía cortada, y el edificio entero convertido en escenario de un espectáculo institucional. Luego vendrían los comunicados oficiales, la renuncia “voluntaria” de Vique y la entrada inmediata de Raúl Aguirre Espitia como nuevo titular. Todo con una coreografía digna de los tiempos en que el poder necesitaba mostrar autoridad más que ejercer justicia.

Horas más tarde, la Fiscalía Anticorrupción intervino, sellando oficinas y retirando documentos. A la par, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se hizo presente para calmar los ánimos del personal inconforme. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho: la destitución se había convertido en un espectáculo mediático.

Análisis: el teatro del poder y el costo de los viejos vicios

La narrativa oficial apuntó a una denuncia federal por presuntos actos de corrupción, relacionados con la venta de plazas, duplicidad de horas y falsificación de documentos. La Contraloría estatal confirmó la existencia del procedimiento, aunque sin precisar cuántas personas estaban involucradas. Hasta ahí, los hechos parecerían normales en una administración que promete combatir la corrupción. Sin embargo, el fondo del asunto revela un guion más complejo.

El tráfico de plazas no nació con Leandro Vique ni con su administración. Es un mal estructural que ha acompañado al sistema educativo morelense por décadas. La complicidad entre el sindicato, las autoridades educativas y los grupos políticos locales ha permitido la creación de redes de poder que controlan el ingreso, los ascensos y los beneficios del magisterio. En otras palabras, el problema no es un nombre, sino un sistema podrido.

Y sin embargo, el gobierno de Morelos decidió exhibir a un solo hombre. ¿Por qué?

Porque en política, cuando el desgaste es evidente y los escándalos amenazan con salpicar hacia arriba, siempre se necesita un rostro visible al cual culpar. Un “chivo expiatorio” que simbolice el castigo y desvíe la atención del público. Leandro Vique se convirtió en ese símbolo. Un trofeo político que sirvió para mostrar a la opinión pública una supuesta voluntad de limpiar el IEBEM, aunque en el fondo el problema siga intacto.

La manera en que se ejecutó su destitución —con fuerza pública, cámaras, discursos y sellos— revela más una necesidad de protagonismo que un auténtico compromiso con la justicia. Fue un acto de escenificación del poder, no de rendición de cuentas. Detrás del espectáculo también se perciben tensiones internas, posibles traiciones y pugnas por el control del aparato educativo. No hay que olvidar que el IEBEM maneja miles de plazas, contratos, horas adicionales y recursos que lo convierten en un espacio de poder político y económico. En ese tablero, la caída de Vique puede haber sido también un coletazo entre intereses personales y alianzas rotas.

El IEBEM ha estado hundido en corrupción, nepotismo, trafico de influencias y en lucha de poderes por decadas. El verdadero problema no radica en quién ocupa la dirección, sino en que el IEBEM sigue lapidado por malos manejos y es un centro de poder político partidista. No aprendió de los años en que las plazas se vendían al mejor postor, ni de las reformas de 2008 y 2014 que intentaron transparentar el sistema. Sigue el hartazgo magisterial y las promesas de campaña de quienes hoy gobiernan.

El Instituto sigue siendo rehén de sus propios vicios, atrapado entre burocracia, intereses sindicales y ambiciones políticas. Mientras se monta el espectáculo de la “limpieza institucional”, miles de maestros siguen esperando pagos, reconocimiento de horas trabajadas y procesos justos de promoción. Y lo más grave: miles de niños y adolescentes siguen siendo víctimas silenciosas de un sistema que privilegia el control político sobre la calidad educativa. La escena reciente, con funcionarios ordenando sellar oficinas mientras cámaras registraban cada gesto, fue más un acto de propaganda que de justicia. Si el objetivo fuera realmente erradicar la corrupción, el proceso habría sido silencioso, jurídico y meticuloso; no una función pública. Pero en Morelos, parece que la política prefiere el espectáculo a la eficacia.

Los discursos de transparencia se vuelven huecos cuando las acciones se visten de circo. Las imágenes de policías resguardando oficinas y maestros protestando son el retrato fiel de un sistema que confunde autoridad con autoritarismo y justicia con venganza pública.

Entre el miedo y el poder.

Hoy, Leandro Vique Salazar es señalado, cuestionado y quizá responsable de actos que deberán investigarse con rigor. Pero también es cierto que su caso exhibe algo más profundo: la necesidad del poder de fabricar culpables para sobrevivir. El mensaje fue claro: ningún funcionario está a salvo si se convierte en un obstáculo para los intereses políticos dominantes.

¿Hubo corrupción?. ¿Pero fue él el único? Definitivamente no, hay que abrir archivos del pasado antes de que el llegara a ocupar el cargo.

Entonces la pregunta persiste: ¿se busca justicia o simplemente un trofeo político para presumir? El magisterio de Morelos, los padres de familia y los propios estudiantes merecen respuestas, no montajes. La educación no puede seguir siendo rehén de las ambiciones ni del protagonismo de quienes deberían servirla.

Porque si algo ha demostrado el IEBEM con este episodio, es que no existe un cambio radical, de raíz, eficiente, contundente, únicamente fue circo, maroma y teatro. No aprende de su historia, ni de sus errores, ni de la gente a la que debería servir. Y mientras eso no cambie, los nombres pasarán, pero la corrupción permanecerá.