José Juan Conejo Pichardo
13 oct 2026
Análisis | Investigación
Guadalajara, Jalisco. No fue un exceso policial. No fue un error de operación. Fue una orden. La decisión de recibir con gas lacrimógeno, balas de goma, chorros de agua a presión y el Escuadrón Antimotines a 10 mil ciudadanos que exigían agua limpia no la tomó un comandante en campo. La tomó el jefe del Ejecutivo estatal. Y la tomó dentro de su propia casa.
El domingo 11 de octubre, la megamarcha que partió de La Minerva a Casa Jalisco para exigir el fin del agua color chocolate, con olor a cloaca, con metales pesados y heces fecales que reciben 320 colonias desde marzo, terminó en una violación masiva y documentada a los derechos humanos. Así lo han calificado ya la CNDH, la Relatora de la ONU para la libertad de reunión pacífica, Gina Romero, y Amnistía Internacional.
Los tres organismos coinciden: hubo uso indiscriminado de armas menos letales contra una manifestación pacífica, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta y personas vulnerables en riesgo. La CNDH pidió garantizar la protesta y respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Gina Romero exigió una investigación “pronta e independiente” por uso excesivo de la fuerza y pidió cesar los discursos estigmatizantes. Amnistía documentó que hubo civiles ingresados por la fuerza a Casa Jalisco para ser golpeados y luego trasladados, y que entre los afectados hubo adultos mayores, menores de edad y periodistas.
El saldo oficial que el propio gobierno intenta minimizar lo confirma: 39 personas detenidas -entre ellas un menor de 13 años que solo vendía lunches afuera de Casa Jalisco-, 28 policías lesionados y 31 civiles que requirieron atención médica. Testimonios periodísticos y del ITESO y la UdeG confirman que un niño de 3 años tuvo que recibir primeros auxilios por los gases y que estudiantes de sus comunidades fueron detenidos e ingresados a la residencia oficial del gobernador.
Aquí está el punto central que el discurso oficial quiere diluir con la coartada del “grupo de choque” de 400 encapuchados: en Jalisco, un operativo de esa magnitud frente a la residencia oficial del gobernador no se despliega sin orden directa del máximo nivel. Como señaló el análisis de Julio Hernández López, “todo apuntó a una decisión político-policiaca del máximo nivel jalisciense”. Los antimotines no se mandan solos. Las vallas de Casa Jalisco no se blindan solas. La orden de encapsular, gasear y detener dentro de la propia casa del gobernador solo puede venir de quien habita esa casa: Pablo Lemus Navarro.
Lemus primero dijo que había dado instrucciones para que la marcha se desarrollara de forma ordenada y segura. Horas después, justificó la violencia policial para “minimizar a grupos de choque” y criminalizó a los manifestantes. Esa es la estrategia de manual: estigmatizar para reprimir. La misma que la Relatora de la ONU le pidió abandonar. Es la misma que usó su antecesor Enrique Alfaro en 2020. No es casualidad, es doctrina naranja.
Y la doctrina le va a costar a Movimiento Ciudadano su bastión.
El descalabro político es histórico. MC construyó su relato en Jalisco sobre la idea de ser “lo nuevo”, “lo diferente”, “el gobierno que sí escucha”. Lemus reprimió a familias que llevaban botellas con agua turbia, no a un bloque negro. Reprimió a madres que denunciaron que sus hijos se enferman por bañarse con agua contaminada, cuyo análisis de laboratorio confirmó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
La Presidenta Claudia Sheinbaum ya le exigió públicamente informar sobre las detenciones y dar los nombres de los detenidos. En redes, la narrativa ya no es “agua sucia”, es “Lemus represor”. El video de mujeres policías agredidas que usa el gobierno para victimizarse no tapa el video del niño intoxicado por gas, ni el del periodista detenido, ni el de las 18 mujeres entre los 39 detenidos.
Para MC, Guadalajara era la vitrina nacional rumbo a 2027. Con esta represión, se convirtió en su Ayotzinapa local. La marca naranja quedó asociada a gas lacrimógeno y a agua con excremento. En las colonias que llevan 7 meses recibiendo agua no potable y que además pagaron el recibo del SIAPA, no van a olvidar quién los gaseó cuando fueron a tocar la puerta del gobernador. Ese voto de castigo, en una elección intermedia donde se juega la gubernatura y la metrópoli, es irreversible.
No basta con que Lemus pida investigar a sus policías. Él no puede investigarse a sí mismo. Lo que debe investigarse es la cadena de mando que parte de él. La CNDH abrió el acta 41 y dictó medidas cautelares. La ONU pidió investigación independiente. La exigencia ciudadana es clara: juicio político y responsabilidad penal por violación al derecho humano al agua, a la protesta, a la integridad personal y a la libertad.
Porque en Jalisco no protestó por ideología. Protestó por sobrevivir. Y la respuesta del Estado fue mandar a los antimotines.
