José Juan Conejo Pichardo
29 oct 2025
Análisis político, social y jurídico
La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que promete endurecer el combate contra uno de los crímenes más extendidos y temidos en México. Con 339 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones, la propuesta fue turnada al Senado para su análisis y eventual aprobación.
La iniciativa busca perseguir de oficio este delito, aumentar las penas hasta 25 años de prisión, y facilitar las denuncias anónimas mediante el número 089, con el propósito de proteger a víctimas y testigos. Se trata, según sus promotores, de un paso firme contra el “cobro de piso”, las extorsiones telefónicas y digitales, y las nuevas modalidades como los “montachoques”, “organizaciones como la Chokiza” o los préstamos “gota a gota”.
Sin embargo, más allá de los discursos de combate frontal a la delincuencia, la ley llega acompañada de una modificación que ha levantado sospechas y críticas: la reducción de penas para los servidores públicos que omitan denunciar la comisión del delito de extorsión ante el Ministerio Público.
El punto de quiebre: reducción de penas a funcionarios omisos
La propuesta original del Ejecutivo Federal establecía penas de 10 a 20 años de prisión para funcionarios encargados de la prevención, investigación, persecución o impartición de justicia que fueran omisos ante un caso de extorsión. Sin embargo, una reserva impulsada por Morena, PVEM, PT y MC redujo ese castigo a un rango de 5 a 12 años.
El argumento de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, fue “mantener una lógica proporcional”, señalando que no se podía castigar con mayor severidad al funcionario omiso que al extorsionador directo. Pero la oposición interpretó el cambio como una concesión política y una señal de debilitamiento institucional frente a la corrupción interna.
El diputado José Elías Lixa, del PAN, lanzó un reto: endurecer las penas para los extorsionadores hasta 20 años, en lugar de reducir las de los cómplices del gobierno. “No es bajando las penas de los servidores públicos como se combate la extorsión —dijo—, es aumentando las sanciones a quienes delinquen. ¿No que querían endurecer la ley?”.
La reserva fue aprobada, y con ella, un mensaje ambiguo quedó sembrado: mientras se promete “cero tolerancia” a la extorsión, se flexibilizan los castigos a quienes, desde el poder, miran hacia otro lado.
Castigos ejemplares… con excepciones
La nueva ley establece una pena básica de seis a 15 años de prisión, además de una multa de hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (equivalente a más de 56 mil pesos). No obstante, el marco legal contempla 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, que pueden aumentar la sanción hasta 25 años.
Las penas se elevan cuando la extorsión:
Se comete mediante violencia física o amenazas.
Se ejerce contra comerciantes, empresarios, transportistas o productores agrícolas.
Se realiza a nombre de sindicatos u organizaciones, reales o simuladas.
O cuando el delito se ejecuta desde los centros penitenciarios, aprovechando redes de complicidad institucional.
El diputado Julio César Moreno, de Morena, sostuvo que el Estado mexicano contará con “un tipo penal uniforme y sin beneficios de libertad anticipada”, asegurando que las víctimas estarán protegidas y que el miedo dejará de ser un escudo para los delincuentes.
Pero desde la oposición surgieron advertencias. Alejandro Domínguez, del PRI, alertó que la redacción del artículo cuarto transitorio podría derivar en la liberación de cientos de reos en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, donde las penas actuales son más altas que las previstas en la nueva ley.
“Estamos hablando de alrededor de 500 delincuentes de alto impacto que podrían salir de prisión. No se trata de tecnicismos jurídicos, sino de consecuencias reales”, afirmó Domínguez.
Una plaga que desangra al país
Para Margarita Zavala, diputada del PAN, la extorsión es “una plaga nacional” que ha cobrado fuerza ante la política de abrazos y no balazos del anterior gobierno. “La extorsión desarticula el tejido social, impone un impuesto criminal, frena la economía local y provoca desplazamientos internos”, sostuvo.
El fenómeno ha dejado de ser exclusivo de las zonas dominadas por el crimen organizado; hoy afecta a pequeños comercios, transportistas, agricultores y profesionistas. En muchas regiones, la extorsión ha reemplazado al Estado como forma de “gobierno paralelo”, cobrando derecho de piso y dictando reglas bajo amenaza.
Análisis: una ley necesaria con sombras preocupantes
La nueva Ley Antiextorsión es, sin duda, un avance normativo urgente frente a un delito que ha mutado y se ha extendido con impunidad. La posibilidad de denuncias anónimas, la tipificación clara de agravantes y la unificación de criterios penales fortalecen el marco jurídico. Sin embargo, la reducción de penas a servidores públicos omisos introduce una contradicción profunda en la narrativa del endurecimiento.
Desde una perspectiva jurídica, se abre la puerta a la discrecionalidad y a la interpretación flexible de responsabilidades institucionales. Los funcionarios que, por omisión o complicidad, permitan la operación de redes de extorsión dentro de corporaciones policiales o penitenciarias, podrían recibir penas más leves que los delincuentes que extorsionan directamente.
Desde el plano social, la ley refleja el hartazgo ciudadano ante el miedo cotidiano, pero también la desconfianza estructural hacia el aparato de justicia. Si el castigo no es igual para todos, la ley pierde autoridad moral.
Y desde la óptica política, la reforma revela una vez más el uso del derecho penal como instrumento de narrativa pública: se endurece el discurso, pero se flexibiliza la sanción interna. En otras palabras, se castiga con firmeza al delincuente visible, mientras se protege —aunque sea parcialmente— al omiso en el poder.
La pregunta que queda en el aire es inevitable:¿Se busca realmente combatir la extorsión o administrar su impacto político? Porque en la práctica, una ley que promete justicia pero tolera la omisión, corre el riesgo de ser una victoria legislativa… y una derrota moral.
