José Juan Conejo Pichardo
19 may 2025
Geopolítica
La relación entre México y Estados Unidos vive una nueva etapa de tensión y vigilancia. Con el regreso de Donald Trump al protagonismo político, la presión desde Washington se intensifica, reactivando viejos métodos de control y nuevas estrategias de intervención. La llegada del embajador Ronald Johnson —quien antes de ser ratificado no descartó una intervención militar directa contra cárteles en México— envía un mensaje claro: se acabó la tolerancia.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no existe oficialmente una lista de “narcopolíticos” mexicanos en manos del gobierno estadounidense, investigaciones periodísticas sostienen lo contrario. Tim Golden, reportero de ProPublica, ha revelado desde la Casa Blanca la existencia de un equipo que recopila información sobre figuras políticas y militares mexicanas con presuntos vínculos criminales. Esta lista coincidiría con un expediente clasificado de la DEA desde 2019.
La presión no es solo diplomática. Estados Unidos ya actúa: cancelación de visas, filtraciones selectivas a la prensa y una estrategia de silenciamiento hacia el nuevo gobierno mexicano. La visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y de su esposo Carlos Torres, fue revocada sin explicación oficial. Los rumores apuntan a nexos con lavado de dinero y al encubrimiento de investigaciones sobre fosas clandestinas. El mensaje es claro: si no hay pruebas públicas, hay formas más sutiles de castigo.
La política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior, lejos de suavizar la relación, sembró desconfianza. Testigos protegidos, archivos ocultos y testimonios apuntan a un posible financiamiento del narco en las campañas de AMLO en 2018 y 2021. El dinero, según se alega, se trianguló desde África bajo el disfraz de ayuda humanitaria. Claudia Sheinbaum no estaría implicada directamente, pero nombres cercanos como Mario Delgado y Andrés López Beltrán sí figuran en el radar estadounidense. Delgado, incluso, ha sido señalado como operador clave en la distribución de recursos ilícitos a gobernadores de Morena.
La administración Trump no necesita pruebas judiciales: basta con la cancelación de visas para demostrar que tiene información. Mientras tanto, Sheinbaum se mantiene en lo que analistas describen como una burbuja de silencio, enterándose de investigaciones y presiones por los medios de comunicación, no por canales diplomáticos.
Otro frente abierto es el intento de Trump por imponer un impuesto del 5% a las remesas que millones de mexicanos envían desde Estados Unidos. Sheinbaum lo calificó como una propuesta “injusta y discriminatoria”, pero su reaparición es solo cuestión de tiempo. México necesita una respuesta más enérgica: jurídica, diplomática, política y social. Las remesas son un salvavidas económico para las regiones más pobres del país, y cualquier amenaza a ellas es una afrenta directa a la soberanía nacional.
Finalmente, se acusa a la DEA de manipular la narrativa. En su reporte 2025, omitió —por primera vez en años— la mención de la presencia de cárteles mexicanos dentro del territorio estadounidense. Esta omisión, más que un descuido, parece una estrategia para justificar su injerencia en México, culpando exclusivamente al país del problema del narcotráfico, mientras se borra convenientemente el papel que juegan consumidores, distribuidores y autoridades estadounidenses en la cadena criminal.
La relación bilateral ya no se limita a tratados y buenas intenciones. Hoy, se libra una guerra silenciosa por el poder, la influencia y la narrativa. Y México, lo quiera o no, está en el centro de la tormenta.
