José Juan Conejo Pichardo
20 oct 2026
Noticia
Vergüenza mundial.
Con 53 votos a favor y solo 13 en contra, la Unión Internacional de Magistrados (UIM), la organización global de jueces más respetada del planeta fundada en 1953 y que agrupa a 93 países, expulsó a México.
La sancionada es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), el órgano que reúne a los 32 poderes judiciales del país y que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
El motivo, contundente y sin matices: traicionar la independencia judicial.
El 28 de junio de 2024, la CONATRIB emitió un pronunciamiento oficial respaldando la reforma judicial que impone la elección de jueces por voto popular. Para la comunidad internacional, ese acto de genuflexión política viola los principios básicos de apoliticidad e independencia que exige la UIM a sus miembros.
Guerra Álvarez intentó defender lo indefendible en la asamblea anual de Lisboa el pasado 17 de octubre, argumentando que prefería "dialogar antes que enfrentarse" y que todo era un conflicto presupuestario.
No le creyeron.
La jueza costarricense Adriana Orocú, presidenta del Grupo Iberoamericano, lo desmintió en pleno con datos del INE: 2,681 juzgadores cesados en México, 1,800 de ellos locales.
El 80.3% del pleno mundial votó por echarlos. No fue una llamada de atención. Fue una expulsión.
México se quedó fuera del foro donde se defiende la justicia. El precio de doblar las manos ya lo pagamos todos.
