José Juan Conejo Pichardo
22 sep 2025
Análisis Político
La política en Morelos ha entrado nuevamente en terreno pantanoso. Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra páginas de Facebook, medios de comunicación y comunicadores que, asegura, lo han difamado al vincularlo con la delincuencia organizada en un video difundido en redes sociales.
En la grabación aparecen hombres encapuchados y armados que acusan a “Javier Chávez” de pactar con Eduardo Barrera, alias El Milton o *El General*, presunto líder del grupo delictivo “Nuevo Imperio”. También señalan a figuras públicas de Morelos como el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián; el senador Ángel García Yáñez; y los legisladores Agustín Alonso Mendoza y Francisco Sánchez Zavala.
La pieza audiovisual va más allá: adjudica al presunto criminal varios asesinatos recientes, incluyendo el del asesor de seguridad de Cuautla, Christian Nava, y responsabiliza al edil de Cuautla por el feminicidio de Carolina Plascencia.
La respuesta oficial
Visiblemente molesto, García Chávez aseguró que no es el personaje mencionado en el video y acusó a algunos medios de señalarlo de manera directa y sin pruebas. “En el video hablan de un tal Javier Chávez, pero yo soy Javier García Chávez. Sin embargo, algunos medios me nombran completo y me vinculan falsamente, lo que afecta mi honorabilidad y mi seguridad”.
El funcionario insistió en que no se trata de una defensa política, sino jurídica. Anticipó que los comunicadores que difundieron la información deberán comparecer ante la autoridad para mostrar pruebas. Además, anunció que solicitará medidas de seguridad personal.
Golpeteo político o realidad incómoda
El jefe de la Gubernatura planteó que detrás de estas acusaciones podría haber un intento de “golpe mediático” contra la administración estatal, justo después de que el fiscal general del estado y el secretario de Seguridad Pública rindieran cuentas positivas en el Congreso local. “No es casualidad que, tras comparecencias exitosas en materia de seguridad, aparezca un video que busca dañar al gobierno”, señaló. Para García Chávez, detrás de estas publicaciones están “intereses políticos y económicos de administraciones pasadas”. Aunque no presentó pruebas, sugirió que solo ciertos actores con poder pueden financiar y filtrar este tipo de campañas.
El contexto que incomoda.
El caso se inserta en una Morelos golpeada por la violencia. Apenas en septiembre, el estado cerró un puente patrio con 12 asesinatos; en los últimos meses han caído operadores de grupos criminales, mientras que las cifras de feminicidios y desapariciones siguen en aumento. La denuncia de García Chávez ocurre en un escenario donde la narrativa de “avances en seguridad” choca de frente con la percepción ciudadana de inseguridad y con los mensajes de grupos delictivos que se disputan el control territorial.
La mención de alcaldes, legisladores y operadores políticos en un mismo video exhibe un fenómeno que Morelos arrastra desde hace más de dos décadas: la delgada línea entre política y crimen organizado. No es la primera vez quefuncionarios en activo o exfuncionarios son acusados públicamente de tener nexos con grupos criminales, aunque pocas veces estas acusaciones han derivado en investigaciones serias o sentencias judiciales.
El riesgo para la prensa y la democracia.
La reacción de García Chávez abre un debate de fondo: ¿hasta dónde puede llegar un funcionario en el uso de mecanismos legales contra comunicadores? Mientras él lo plantea como un recurso de defensa personal y del gobierno estatal, organizaciones de periodistas han advertido que este tipo de denuncias pueden convertirse en un mecanismo de presión y censura.
En un contexto donde la violencia contra la prensa en México es sistemática, el uso de la FGR contra medios locales podría inhibir investigaciones legítimas o limitar la libertad de expresión, especialmente en temas relacionados con crimen organizado y corrupción política.
El dilema central
El caso García Chávez refleja dos caras de la política en Morelos:
La oficial, que asegura avances en seguridad y denuncia campañas de desprestigio. La crítica que advierte que los señalamientos son un síntoma de los vínculos entre clase política y grupos criminales. Si bien el funcionario rechaza cualquier nexo irregular y se dice dispuesto a comparecer ante las autoridades, lo cierto es que el daño político ya está hecho: su nombre circula en redes sociales junto al de criminales y funcionarios cuestionados.
En política, la percepción pesa tanto como la verdad. Y en Morelos, un estado marcado por la violencia, cada denuncia, cada acusación y cada silencio se convierten en parte del tablero de poder donde medios, funcionarios y grupos delictivos juegan con reglas que rara vez son transparentes.
Conclusión
La denuncia de Javier García Chávez no es un hecho aislado: es un espejo del deterioro de la política en Morelos. Mientras los funcionarios buscan blindar su honorabilidad y los medios se debaten entre informar o exponerse, los ciudadanos siguen atrapados en un escenario de violencia, incertidumbre y desconfianza.
La pregunta de fondo es incómoda pero inevitable: ¿se trata de una difamación orquestada o de una verdad que, como tantas en Morelos, se intenta silenciar bajo el peso de la narrativa oficial?
