José Juan Conejo Pichardo
13 oct 2025
Análisis
Sector de Movilidad Digital Enfrenta su Mayor Reto Fiscal Mientras Organizaciones Civiles Construyen Frente Común.
Morelos se encuentra ante un debate crucial que definirá el futuro de la movilidad digital en el estado. La propuesta de la Coordinación General de Movilidad y Transporte de implementar un impuesto del 1.5% a los viajes por aplicación ha generado una respuesta organizada del sector, que busca equilibrar las necesidades fiscales del estado con la protección a los ingresos de miles de choferes.
CONTEXTO FISCAL ESTATAL
El impuesto, que forma parte del proceso de armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, representa un esfuerzo del gobierno estatal por regular y gravar una actividad económica que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según declaraciones oficiales, la medida busca que las Empresas de Redes de Transporte (ERT) contribuyan al erario estatal.
Sin embargo, el análisis de especialistas revela complejidades no evidentes en el discurso oficial. Jorge Barrera Toledo, coordinador general de Movilidad y Transporte, ha señalado que las plataformas "han visto viable el cobro", pero omite mencionar los mecanismos de absorción del costo.
ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO
Cifras recabadas por la Unión de Profesionistas Independientes indican que:
· Los choferes destinan actualmente hasta 32% de sus ingresos a comisiones y costos operativos
· Un impuesto adicional del 1.5% representaría una pérdida promedio de 1,500 pesos mensuales por chofer
· A nivel estatal, se estima una afectación a más de 15,000 familias que dependen de esta actividad.
RESPUESTA ORGANIZADA DEL SECTOR
El pasado 12 de octubre,mediante una reunión virtual convocada por José Juan Conejo Pichardo como Dirigente Social y actualmente representante de OSC’s entre ella TUTRAM en Morelos, representantes de diversas organizaciones iniciaron la construcción de una estrategia dual.
1. Fortalecimiento de la Capacidad Negociadora
La fragmentación existente entre diferentes grupos de choferes ha sido identificada como un factor de debilidad. Las organizaciones buscan crear un bloque unificado que permita una negociación más efectiva con las autoridades estatales.
2. Estrategia de Incidencia Técnica
Se preparan estudios económicos y análisis jurídicos que sustentarán la posición del sector. El Lic. Arturo Trujillo, presidente de la Unión de Profesionistas Independientes, destacó: "La evidencia técnica será fundamental para demostrar el impacto real de esta medida" , así mismo menciono “Recordemos que en la reciente reforma de seguridad social para aplicaciones no se dio cumplimiento correctamente a ella, hubo cobros y una serie de movimientos por parte de las empresas digitales que afecto a los conductores de estas aplicaciones, así como la reforma a la ley de amparo que también puede complicar un proceso jurídico para este tema”.
Expertos consultados coinciden en que el éxito de la medida dependerá de varios factores:
· La capacidad de las plataformas para absorber el costo sin trasladarlo a choferes o usuarios
· La transparencia en el destino de los recursos recaudados
· La efectividad de las estrategias de negociación del sector organizado
Organizaciones como la Unión de Profesionistas independientes de Morelos, CIVICUS Morelos y la Red Ciudadana para la Transformación por hacer mención de algunas han manifestado su disposición para acompañar técnicamente el proceso, buscando un equilibrio entre las necesidades fiscales del estado y la protección de los ingresos de los choferes.
PRÓXIMOS PASOS
El proceso se encuentra en fase de socialización, con plazo hasta finales de 2025 para su implementación. Durante este período, se espera que:
· Las organizaciones consoliden su frente común
· Se desarrollen los estudios técnicos de impacto
· Se establezcan mesas de diálogo con las autoridades correspondientes
El caso de Morelos representa un ejemplo del desafío que enfrentan los gobiernos estatales para regular y gravar las nuevas formas de economía digital.El resultado de este proceso podría sentar un precedente importante para otros estados que contemplan medidas similares, destacando la importancia del diálogo informado y la participación organizada de los sectores afectados.
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