José Juan C Pichardo
6 abr 2026
Análisis-Derechos Humanos
Lo ocurrido entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no es un simple diferendo técnico o diplomático. Es, en realidad, un síntoma grave de descomposición institucional, de resistencia al escrutinio internacional y, peor aún, de una peligrosa narrativa oficial que intenta administrar la tragedia en lugar de resolverla.
El rechazo frontal de la CNDH al informe del Comité de la ONU no sólo exhibe una postura defensiva; revela una lógica política profundamente preocupante: desacreditar al mensajero antes que enfrentar el mensaje.
Una defensa institucional que raya en la negación
La CNDH ha calificado el informe del Comité como “sesgado”, “contradictorio” y carente de perspectiva histórica. Sin embargo, esta reacción resulta, por decir lo menos, contradictoria en sí misma. Mientras el organismo nacional intenta posicionarse como garante de los derechos humanos, su discurso se alinea peligrosamente con el del poder político al que debería vigilar.
El argumento central de la Comisión —que el Comité privilegió voces de organizaciones como el Centro Prodh sobre los “esfuerzos institucionales” del Estado— refleja una visión profundamente burocrática del problema: medir la tragedia en términos de presupuesto ejercido y no de resultados obtenidos.
Porque aquí hay un punto clave que la CNDH parece ignorar deliberadamente: el problema de las desapariciones en México no es la falta de recursos, sino la falta de eficacia, coordinación, voluntad política y, en muchos casos, la persistente impunidad.
El discurso del pasado como coartada del presente
Uno de los elementos más polémicos del posicionamiento de la CNDH es su insistencia en ubicar la desaparición forzada como una política de Estado en periodos pasados —la llamada “Guerra Sucia” y la “guerra contra el narcotráfico”—, deslindando implícitamente al presente.
Este argumento no sólo es débil: es políticamente conveniente.
Reducir el fenómeno a un problema histórico permite al Estado actual evadir responsabilidades estructurales. Pero la realidad es contundente: México vive hoy una crisis activa de desapariciones, con más de 132,000 personas no localizadas. No es historia; es presente.
Y aquí es donde el señalamiento del Comité de la ONU cobra relevancia: no se trata necesariamente de una política centralizada y deliberada, sino de un entramado donde la omisión, la colusión y la incapacidad institucional generan condiciones sistemáticas para que las desapariciones continúen.
La CNDH, en lugar de profundizar en esta complejidad, opta por una lectura simplista que le permite sostener una narrativa defensiva.
Desacreditar a las víctimas: la línea más peligrosa
Quizá el punto más delicado —y éticamente cuestionable— es la descalificación implícita hacia las organizaciones civiles y colectivos de familiares.
Cuando la CNDH acusa que ciertas ONG “lucran” o “politizan” el tema, no sólo desestima su labor: erosiona la legitimidad de quienes han hecho el trabajo que el Estado no ha podido —o no ha querido— hacer.
Organizaciones como el Centro Prodh, así como múltiples colectivos de búsqueda, han sido fundamentales para visibilizar la crisis, documentar casos y presionar por justicia. Sin ellos, el problema sería aún más invisible.
En contraste, organismos como Amnistía Internacional han respaldado el informe del Comité de la ONU y han insistido en la necesidad de cooperación internacional, subrayando que la magnitud del problema rebasa las capacidades actuales del Estado mexicano.
Aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué la CNDH parece más preocupada por cuestionar a las víctimas y a los organismos internacionales que por exigir resultados concretos al Estado?
Soberanía vs. rendición de cuentas: el falso dilema
La negativa de la CNDH a aceptar mecanismos internacionales de cooperación técnica y esclarecimiento se sustenta en un argumento recurrente: la defensa de la soberanía.
Sin embargo, este discurso resulta anacrónico en un contexto donde los derechos humanos son, por definición, materia de interés internacional.
Rechazar apoyo externo bajo el argumento de que “ya se intentó antes sin éxito” no sólo es una simplificación, sino una renuncia implícita a explorar nuevas soluciones. Es, en términos políticos, una postura cómoda: mantener el control del problema sin asumir plenamente sus consecuencias.
Una institución atrapada entre el deber y la lealtad
Lo más preocupante de este episodio no es el desacuerdo en sí, sino lo que revela sobre la actual naturaleza de la CNDH.
Un organismo constitucional autónomo debería ser el primero en respaldar la observación internacional cuando existen indicios de una crisis estructural. Debería fungir como puente entre la sociedad y el Estado, no como escudo del poder.
Sin embargo, la postura asumida sugiere lo contrario: una institución más enfocada en defender la narrativa gubernamental que en cuestionarla.
Conclusión: el costo de negar la realidad
La crisis de desapariciones en México no se resolverá con comunicados, descalificaciones ni disputas semánticas. Se resolverá —si acaso— con verdad, justicia, coordinación institucional y apertura al escrutinio internacional.
Negar el problema, minimizarlo o encuadrarlo como una discusión técnica sólo prolonga el dolor de miles de familias y profundiza la desconfianza en las instituciones.
La CNDH tiene una oportunidad histórica: decidir si quiere ser recordada como un órgano que defendió al Estado o como uno que defendió a las víctimas.
Hoy, lamentablemente, todo apunta a lo primero.
