Ana Karen Martínez Sarabia
9 ene 2026
La captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a inicios de este 2026 reactivó un debate central para la política internacional
El vínculo entre recursos estratégicos, la soberanía estatal y el uso de la fuerza como mecanismo de orden regional; por lo que, más que un hecho aislado, este episodio se inscribe en una trayectoria histórica donde las disputas entre naciones por el control político y económico han moldeado las relaciones intercontinentales.
Durante el siglo XX, Venezuela se consolidó como una economía rentista dependiente del petróleo, con concentración de la renta y limitada diversificación productiva (Guerrero, 2026). La llegada del chavismo en 1999 modificó este arreglo al fortalecer el control estatal sobre la industria petrolera, redefinir el papel de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y ampliar el uso político de la renta. Este proceso reconfiguró las relaciones entre élites, Fuerzas Armadas y aparato estatal, y alteró la inserción internacional del país. Más allá de la evaluación de resultados, el cambio relevante fue la repolitización del control de un recurso estratégico, con implicaciones directas para la geopolítica regional (Guerrero, 2026; SomosElMedio, 2026).
En este contexto, la denominada doctrina Donroe, utilizada para describir una reinterpretación contemporánea de la Doctrina Monroe que legitima la acción directa de Estados Unidos en el hemisferio bajo criterios de seguridad, con menor centralidad del multilateralismo, por parte de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Gutiérrez, 2026). La operación en Caracas, la captura del jefe de Estado y los anuncios sobre supervisión de exportaciones petroleras sugieren que este marco no opera solo como discurso, sino como criterio práctico de intervención cuando convergen crisis políticas y recursos estratégicos El punto no es si se trata de una doctrina nueva o adaptada, sino si se está reafirmando la intervención directa como herramienta regular de gestión regional.
La comparación histórica refuerza esta lectura; en Afganistán (2001-2021), la intervención removió al régimen talibán, pero no consolidó un Estado funcional; la retirada estadounidense precipitó el colapso institucional y el retorno del Talibán, tras más de 240 mil muertes y millones de desplazados (Expansión, 2026). En Irak, la invasión de 2003 desmanteló el Estado, abrió un vacío de poder y reconfiguró el control del sector petrolero sin generar estabilidad política (Ibidem). En América Latina, la intervención también ha sido recurrente, desde las Guerras Bananeras hasta Panamá en 1989, generalmente asociada a disputas estratégicas entre Estados más que a crisis humanitarias aisladas (Cooper, 2026). En ese sentido, Venezuela en 2026 no representa una excepción, sino una actualización de un patrón histórico de proyección de poder regional y muestra que el uso de la fuerza ha sido una constante estructural, aunque con marcos variables de legitimación: anticomunismo, antiterrorismo o seguridad hemisférica.
Las respuestas políticas revelan tensiones adicionales. En Estados Unidos, el Senado aprobó una resolución para limitar nuevas acciones militares sin autorización legislativa, reabriendo el debate sobre el control civil y constitucional del uso de la fuerza. En Europa, declaraciones como las del presidente Emmanuel Macron, que ha advertido sobre una “agresividad neocolonial”, reflejan desacuerdos entre aliados sobre soberanía y legalidad internacional. En el plano interno venezolano, el anuncio de la liberación de personas detenidas por motivos políticos introduce una variable de gobernabilidad que muestra que la disputa no se juega únicamente en el ámbito militar, sino también en el control de legitimidades y equilibrios políticos.
Desde esta lectura, el escenario de 2026 expresa la convergencia de economías dependientes de recursos estratégicos, Estados con disputas internas de legitimidad y potencias que mantienen la intervención como instrumento estructural de “orden regional”. La pregunta que queda abierta no es si la fuerza seguirá siendo utilizada, sino qué límites institucionales y normativos existen hoy para contenerla, y qué capacidad real tiene el multilateralismo para mediar conflictos cuando los derechos humanos y los intereses estratégicos están en juego.
Docente e Investigadora Social
Gestora Social por #UAM-X
Especialista en Análisis Político #UNAM
Maestrante en Gobierno y Asuntos Públicos #UNAM
