José Juan Conejo Pichardo
3 nov 2025
Análisis Político
El cobarde homicidio del edil de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre de 2025 durante el tradicional Festival de Velas, marca un nuevo episodio de la impunidad sistemática en Michoacán que revela con brutal claridad la responsabilidad política —y criminal— del gobierno federal y estatal.
Manzo, alcalde independiente de Uruapan desde septiembre de 2024, había asumido una postura pública firme contra el crimen organizado y la corrupción policial en su municipio. A pesar de contar con custodia de la Guardia Nacional y unidades oficiales, fue abatido sin que el Estado —en sus diferentes niveles— lograra evitarlo.
El hecho desnuda varias fallas graves y omisiones imperdonables:
Que un funcionario público haya advertido claramente de su riesgo y aun así haya sido atacado impunemente demuestra un colapso de la estrategia de seguridad. Manzo había denunciado públicamente ese riesgo.
La promesa de la presidenta federal Claudia Sheinbaum Pardo de “cero impunidad” tras los hechos no alcanza a cubrir la acumulación de muertos, amenazas y ejecuciones de servidores públicos locales.
En el ámbito estatal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue abucheado en el funeral del alcalde: los ciudadanos lo señalaron como corresponsable, gritando “¡Asesino!”, “¡Fuera!”, “¡Lárgate!” al exigir justicia y resultados reales.
En suma, el crimen organizado opera con tal audacia que no sólo ataca a ciudadanos sino a alcaldes, y lo hace ante la mirada de las instituciones que deberían protegerlos.
Hechos tras el asesinato
El ataque se registró en plena plaza pública, ante decenas de personas durante un acto festivo: un escenario inaceptable que evidencia la impunidad de quienes disparan sin temor.
Uno de los agresores fue abatido en el lugar, dos personas fueron detenidas e inició un operativo federal–estatal.
Las movilizaciones ciudadanas se levantaron inmediatamente: marchas, gritos de justicia, rechazo a la complicidad estatal, y claro aviso de que la sociedad ya no callará.
Importancia de los activistas, ONG’s y defensores de derechos humanos
En este momento crítico, su papel es irreemplazable:
Son quienes documentan, denuncian y visibilizan las fallas del Estado que busca silenciar los hechos con comunicados, promesas vacías o represión.
Supervisan que las investigaciones sean independientes, que no queden sepultadas en carpetas de “en trámite”, y que los responsables —criminales y políticos— respondan ante la justicia.
Son el vínculo entre víctimas, sociedad civil y el sistema de protección de derechos humanos; cuando el Estado exhibe rendición de cuentas ausente, las ONG’s se convierten en contrapeso imprescindible.
Además fomentan la organización comunitaria, la capacitación ciudadana, el empoderamiento de grupos vulnerables y la vigilancia ciudadana frente al abandono institucional.
El asesinato de Carlos Manzo no es un “hecho aislado”: es prueba severa de que la llamada “estrategia de seguridad” del Estado mexicano ha fracasado. Cuando un alcalde muere ante la mirada del público, en un entorno festivo, mientras gritaba por ayuda, la negligencia estatal se vuelve complicidad. Ahora corresponde que la sociedad civil —y en particular las ONG’s, activistas y defensores de derechos humanos— se levanten con firmeza. Que exijan investigaciones transparentes, castigo para los autores materiales e intelectuales, y que el Estado cumpla con su obligación: proteger a sus ciudadanos, no permitir que mueran en plazas públicas. Porque el silencio ante este crimen equivale al triunfo del crimen.
