José Juan Conejo Pichardo
17 mar 2026
Análisis Político
Morelos, México – Lo que comenzó como un grito desesperado de justicia por los feminicidios de Kimberly Ramos y Karol Toledo se ha transformado en un termómetro de la descomposición institucional dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). A más de dos semanas del estallido social, la percepción entre la comunidad estudiantil es de un abismo entre sus demandas y la capacidad —o voluntad— de respuesta de la Rectoría y la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM). Lejos de aplacarse, la inconformidad crece y se diversifica, mientras las autoridades parecen atrapadas en un laberinto de comunicados y burocracia que no logra calmar los ánimos .
El dolor que impulsa el movimiento es profundo y tiene nombre propio. No solo se trata de Kimberly y Karol; el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) recordó recientemente una lista de víctimas que han sido "trastocadas por la violencia" en los últimos años: Aylin Rodríguez Fernández, víctima de feminicidio en 2025; los académicos Enrique Sánchez y María Aura Ortiz, secuestrados y asesinados en 2024; y una larga lista de casos que configuran un patrón de violencia sistemática que la universidad no ha podido contener . Es en este contexto de duelo colectivo que la exigencia de seguridad trasciende lo académico para convertirse en una lucha por la vida.
Sin embargo, la respuesta institucional ha sido percibida como tardía, fragmentada y, en el mejor de los casos, insuficiente. En la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, los estudiantes son tajantes: "No solamente basta con la mesa de diálogo, se necesitan tomar acciones". Allí, el movimiento ha tenido que diversificar sus frentes de lucha, preparando tres pliegos petitorios distintos: uno para las autoridades de la UAEM, otro para el Ayuntamiento (exigiendo seguridad en los alrededores, donde hace poco un hombre fue asesinado a unas cuadras del plantel), y uno más, crucial, dirigido a la FEUM . Esta triple vía evidencia una fractura: la representación estudiantil oficial, encarnada en la Federación, no solo no es vista como parte de la solución, sino que se ha convertido en un destinatario más de las exigencias, señalada por su ausencia y falta de liderazgo .
Mientras tanto, en el Campus Chamilpa y la Torre de Rectoría, la llamada 'Resistencia Estudiantil' mantiene el control, pero su postura rígida comienza a generar fricciones con otros sectores. La exigencia de destitución de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández se ha vuelto el principal escollo . Pero incluso dentro de la demanda de justicia, surgen matices que la administración central no ha sabido o podido resolver.
El caso más emblemático de esta insatisfacción se vivió en la Facultad de Medicina. Tras 11 días de paro, los estudiantes de esta facultad rompieron los candados y recuperaron las instalaciones por la fuerza, acusando que los paristas que las mantenían tomadas ni siquiera pertenecían a su facultad . Su urgencia es vital: "El retraso académico nos coloca en una desventaja competitiva irreversible", advirtió Renata Padilla Laguna, vocera del grupo inconforme, haciendo hincapié en que las prácticas hospitalarias no pueden esperar . Este episodio no solo evidencia una fractura dentro del movimiento estudiantil, sino que es un voto de castigo a la pasividad de las autoridades. Si los estudiantes de Medicina tuvieron que tomar la justicia por su propia mano para recuperar su escuela, ¿dónde estaba la rectoría para mediar y garantizar los derechos de la mayoría?
La respuesta de la rectora, Viridiana León Hernández, ha sido insistir en convocatorias al diálogo, como la anunciada para el 17 de marzo en el Polideportivo . Pero la convocatoria llega en un momento de hartazgo. Los estudiantes de Jojutla lo dejan claro: los acuerdos deben ir acompañados de acciones en todo el estado, y el Plan Integral de Seguridad presentado por la gobernadora ni siquiera contempla un módulo de seguridad para su sede, solo para Jicarero . Las promesas genéricas chocan contra la realidad de planteles donde la violencia acecha en cada esquina.
El clima general, lejos de ser de confrontación absoluta, es de un "impasse insostenible", como lo califica la opinión pública local . La comunidad universitaria, de unos 40 mil integrantes, comienza a mostrar fatiga. Marchas recientes han tenido una convocatoria modesta en comparación con las iniciales, lo que sugiere que una mayoría silenciosa —la de estudiantes que quieren regresar a clases sin claudicar en sus demandas— está siendo ignorada tanto por la rigidez de los grupos radicales como por la inoperancia de las autoridades .
En este caldo de cultivo, la ausencia de la FEUM es quizá la más estridente. En un conflicto donde los estudiantes se sienten huérfanos de representación, la Federación no ha logrado posicionarse como un puente. Por el contrario, la necesidad de entregarle un pliego petitorio por separado en sedes como Jojutla es una muestra de que la base estudiantil la percibe como un ente ajeno, burocrático y desconectado de la lucha diaria por la seguridad .
La UAEM vive una crisis de confianza múltiple: hacia un gobierno estatal cuyos planes de seguridad no llegan a todas las sedes, hacia una rectoría cuyas invitaciones al diálogo no se traducen en hechos tangibles, y hacia una Federación de Estudiantes que ha brillado por su ausencia en el momento más crítico. La indignación que estalló por los feminicidios de Kimberly y Karol hoy se alimenta del abandono y la falta de respuestas. La universidad no volverá a la calma con comunicados; la necesitará con acciones contundentes que demuestren que, esta vez, la vida de sus estudiantes sí importa.
