José Juan Conejo Pichardo
20 oct 2026
Investigación / Análisis
No hay cifra que pueda contener el dolor de una madre que busca. Pero hay un presupuesto que intenta hacerlo.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 propone lo impensable: recortar 39 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, mientras aumenta en 7 mil 54 millones de pesos el presupuesto de la Guardia Nacional, un 28.9% más, para llegar a 31 mil 487 millones.
Lo documenta el Centro de Análisis Fundar en su informe Crisis de Justicia, Forense y Seguridad: Recortes y Apuestas (demasiado tímidas). La CNB se quedaría con mil 223 millones, una caída de 3.2%. El golpe más duro: 36 millones menos a los subsidios para las Comisiones Locales de Búsqueda, las que en territorio buscan con vida, buscan restos y notifican a las familias. Ese rubro quedaría en 889 millones.
Esto sucede en un México que supera las 135 mil personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y que acumula al menos 79 mil cuerpos sin identificar en SEMEFOS y fiscalías, según estimaciones de organizaciones civiles ante la falta de un registro oficial único.
LA VOZ QUE NO SE PUEDE RECORTAR
Ante este escenario, la asociación civil Uka Nuiwame - Mujer Renaciente en lengua huichol - defensora de los derechos humanos, mujeres, niñas y niños, con trabajo nacional nacional e internacional, fija una postura pública y contundente:
“El gobierno federal debe apoyar más, no menos, a los grupos de madres buscadoras.”
Porque cuando el Estado recorta la búsqueda, son ellas quienes con pala, pico y una foto en el pecho, hacen el trabajo que le corresponde al Estado.
Y no es una opinión. Es una obligación internacional. Así lo menciona la Asociación Civil en entrevista que realizamos.
LO QUE LA ONU YA DIJO Y MÉXICO NO PUEDE IGNORAR
El 19 de marzo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó por primera vez en su historia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Su conclusión, notificada el 12 de mayo a la Asamblea General por el Secretario General Antonio Gutiérrez, es histórica: existen indicios bien fundados de que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, en el contexto de ataques generalizados o sistemáticos.
La Convención es clara. Su artículo 2 define la desaparición forzada. Su artículo 5 establece que cuando es generalizada o sistemática, constituye crimen de lesa humanidad. Y su artículo 34 obliga al Comité a llevar el caso de forma urgente ante la Asamblea General cuando esto ocurre.
A esto se suma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en los casos Radilla Pacheco Vs. México y Campo Algodonero sentenció que México tiene la obligación reforzada de prevenir, buscar con debida diligencia, investigar con perspectiva de género y reparar. La Corte ha establecido que la falta de presupuesto y la falta de trazabilidad de los recursos viola los principios de progresividad y no regresividad y el derecho a la verdad y a la justicia.
Recortar 3.8% a las comisiones locales no es un ajuste administrativo. Es un retroceso prohibido por el derecho internacional.
PENSAR EN ELLAS ES PENSAR EN TODOS
Cierra los ojos por un segundo y piensa en esto: si desapareciera tu hija, ¿a quién le pedirías que la buscara? ¿A un batallón o a un equipo forense con presupuesto, con peritos, con gasolina para salir a campo?
La seguridad sin búsqueda es vigilancia sin justicia.
Por eso, desde la lógica de lo que Uka Nuiwame llama Derechos Humanos Ejecutivos - derechos humanos de escritorio, que se convierten en iniciativas de ley, reformas, protocolos, oficios y programas -, la exigencia es técnica y humana a la vez:
1. Restituir y aumentar los subsidios a las Comisiones Locales de Búsqueda.
2. Crear un fondo etiquetado e intocable para identificación forense.
3. Garantizar apoyo presupuestal, protección y reconocimiento legal a los colectivos de madres buscadoras como auxiliares de la búsqueda oficial.
El presupuesto es el único discurso que no miente. Y hoy, ese discurso dice que se prefiere militarizar la seguridad que humanizar la justicia.
Si la presidenta Sheinbaum ha dicho que la atención a las desapariciones es prioridad, el Presupuesto 2027 debe demostrarlo. No con palabras, con recursos.
Porque en México, buscar no debería ser un acto de heroísmo de las madres. Debería ser una obligación garantizada por el Estado.
