José Juan Conejo Pichardo
4 feb 2026
Derechos Humanos
Que una persona muera a las puertas de un hospital público en pleno siglo XXI no es solo una tragedia individual: es un fracaso institucional del Estado mexicano. El fallecimiento de un joven de 33 años, ocurrido el pasado 23 de enero en las inmediaciones del Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Cuernavaca, Morelos, ha puesto nuevamente en el centro del debate nacional una pregunta incómoda: ¿de qué sirve el derecho a la salud cuando no se garantiza en el momento más crítico?
Los hechos han sido documentados por testigos, grabados en video y difundidos por diversos medios de comunicación. La narrativa es coincidente: una persona en evidente estado de emergencia médica, solicitudes de auxilio dirigidas al personal del propio hospital y una presunta omisión de atención que derivó en la pérdida de la vida en un espacio público, frente a una institución creada para salvarla.
No se trata de una percepción aislada ni de un rumor. Se trata de evidencia pública, de testimonios directos y de una indignación social que creció precisamente porque el caso refleja una realidad que miles de personas conocen: el acceso efectivo a la atención médica en México sigue siendo frágil, desigual y, en ocasiones, letal.
La omisión como responsabilidad del Estado
En materia de derechos humanos, el Estado no solo es responsable por lo que hace, sino también por lo que deja de hacer. La omisión, cuando existe un deber claro de actuar, es una forma de violencia institucional. Un hospital público no es un espacio ajeno al deber constitucional: es un lugar donde el Estado asume una posición reforzada de garante del derecho a la vida y a la salud.
Negar, retrasar u omitir la atención médica en una urgencia no puede explicarse como una falla administrativa menor. Es una violación grave a derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales ratificados por el país. Cuando esa omisión culmina en la muerte, el daño es irreparable y la responsabilidad debe ser investigada con seriedad.
Este caso, como muchos otros, evidencia que el problema no es únicamente individual, sino estructural. Protocolos que no se activan, personal que no responde, sistemas que priorizan procedimientos sobre personas. El resultado es siempre el mismo: la dignidad humana relegada a segundo plano.
La intervención de Uka Niwame A.C.: derechos humanos en acción
Frente a este escenario, la intervención de organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos resulta no solo pertinente, sino indispensable. En este caso, la organización Uka Niwame A.C. (Mujer Renaciente) asumió un papel activo y responsable al presentar, el martes 3 de febrero, una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, señalando los hechos ocurridos y exigiendo una investigación a fondo.
La actuación de Uka Niwame A.C. no responde a intereses políticos ni a coyunturas mediáticas. Responde a su mandato institucional de defensa, promoción y protección de los derechos humanos, encabezado por su Presidenta Fundadora y Representante Legal, la Dra. Mayela Ruiz Madrazo, y ejecutado en territorio por su Delegado Estatal en Morelos, José Juan Conejo Pichardo.
Ambos han sostenido que callar frente a una omisión que cuesta una vida equivale a normalizarla, y que la sociedad organizada tiene la obligación de activar los mecanismos legales cuando las instituciones fallan.
Profesionalización frente a la impunidad
Uno de los elementos que distingue la actuación de Uka Niwame A.C. es su enfoque técnico y profesional. La organización cuenta con personal con formación jurídica y experiencia en litigio estratégico, argumentación constitucional, análisis e interpretación de leyes, teoría del delito y derechos humanos internacionales. Esta preparación permite que los casos no se queden en la denuncia pública, sino que se conviertan en expedientes sólidos capaces de generar consecuencias institucionales.
El objetivo no es únicamente señalar culpables, sino impulsar cambios estructurales, corregir protocolos, establecer medidas de no repetición y fortalecer la rendición de cuentas. En un país donde la impunidad suele ser la regla, el trabajo técnico de las organizaciones de derechos humanos se vuelve un contrapeso indispensable.
Salud, políticas públicas y dignidad
El derecho a la salud no puede seguir siendo tratado como una promesa discursiva. Es uno de los ejes centrales de las políticas públicas y debe evaluarse por su capacidad real de salvar vidas, no por estadísticas administrativas. Las relatorías internacionales en materia de salud han advertido reiteradamente que la negación de atención médica urgente constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
Cuando una persona muere esperando ayuda frente a un hospital público, el problema no es de percepción, es de funcionamiento del Estado. Y cuando estos hechos se repiten sin consecuencias, se envía un mensaje peligroso: que la vida puede esperar.
El caso ocurrido en Cuernavaca debe leerse como una alerta nacional. No por el morbo de la tragedia, sino por lo que revela sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión, control y exigibilidad en el sistema de salud.
La intervención de Uka Niwame A.C., bajo el liderazgo de la Dra. Mayela Ruiz Madrazo y con la operación jurídica de José Juan Conejo Pichardo en Morelos, demuestra que la defensa de los derechos humanos no es retórica, es acción concreta, conocimiento jurídico y decisión política en el sentido más noble del término: poner la dignidad humana en el centro.
Porque cuando el hospital cierra los ojos, la sociedad organizada no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado.
